Benjamín Orozco Manjarrez Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana; Cuenta con 35 años de experiencia en litigio penal; Especialista en Delitos Fiscales, Financieros y Lavado de Dinero; Ex Vice Fiscal de Litigación Oral en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes; Ex Titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República; y Ex Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales del Servicio de Administración Tributaria.
Twitter: @borozco16

Somos un país que cuenta con una amplia regulación en materia de lavado de dinero. Los secretos fiscal y bancario fueron suprimidos para efectos de la identificación, prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hoy en día, una gran cantidad de mexicanos que realizan operaciones vulnerables, tienen el deber de investigar y documentar la situación patrimonial de sus clientes para efectos del lavado. De esta manera, la tendencia en México va en el sentido de conocer la mayor información patrimonial, fiscal y financiera de los gobernados.

Sin embargo, los mecanismos legales contra el lavado de dinero parecieran no ser lo suficientemente efectivos para inhibir esta conducta. Las razones obedecen a dos factores fundamentales. El primero, consiste en la compleja tipificación de la conducta, a saber, la identificación de los dineros ilícitos y su origen. Esto es debido a las variadas, numerosas y complejas operaciones dentro del sistema financiero y económico. Por consiguiente, el segundo factor estriba en la difícil judicialización de las conductas, al requerir de una enorme labor de investigación, antes de ser llevados los casos ante un juez.

El problema inicia con las siguientes preguntas. ¿Los recursos ilícitos siempre serán ilícitos? Es decir, por más que se pretenda lavar el dinero, ¿conservará su origen ilícito por siempre? La respuesta es sólo en dos sentidos. Si decimos que los recursos y sus frutos nunca pierden su naturaleza ilícita, la economía mundial estaría afectada de ilicitud prácticamente en su totalidad. Por otra parte, si la respuesta es en el sentido de que los recursos pueden convertirse en lícitos, la pregunta que surge de inmediato es ¿en qué momento del proceso de lavado? Y peor aún, el delincuente que posea bienes producto de su actividad, ¿tendría dos patrimonios? ¿Uno ilícito y otro ya lavado lícito? En realidad, el dinero no es ilícito intrínsecamente hablando. La ilicitud viene dada por quien lo detenta.

Si estas preguntas que son básicas tienen una difícil respuesta, determinar el origen de los recursos es aún más difícil. La experiencia nos dice que investigar una compleja estructura de lavado, es entrar a un laberinto en que, por momentos, nos confunde y nos aleja de la salida. Mientras eso sucede, los recursos ya fueron y vinieron varias veces.

Si partimos de lo que ya tenemos, es decir, de una amplia regulación en el tema, podríamos darle un enfoque distinto. Me explico. Si la información personal con la que hoy se cuenta respecto al patrimonio y actividades que tienen y realizan los gobernados es muy amplia y, considerando que los secretos bancario, fiscal y fiduciario se han abolido, estamos a sólo un paso de exigir de toda persona física o moral, la presentación de una declaración patrimonial además de la fiscal; como sucede en el caso de los servidores públicos. En estos últimos, existen razones de interés púbico que justifican dicha declaración.

Las consecuencias prácticas serían de gran utilidad, pues trasladaríamos la problemática de la ilicitud al campo de la discrepancia entre el patrimonio declarado y el realmente poseído. Dicho de otra forma, abandonaríamos la compleja discusión sobre la comprobación del origen ilícito de los recursos. La ilicitud estaría referida al hecho objetivo y claramente demostrable de la discrepancia entre lo que se tiene y lo que se declara tener, como sucede en el delito de enriquecimiento inexplicable que cometen los servidores públicos.

Obviamente, ante la postura arriba adoptada, habrá quienes aleguen violaciones a los derechos humanos del gobernado.

En el caso del enriquecimiento inexplicable, la Constitución, las leyes generales y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, consideran perfectamente legal y no violatorio de garantías individuales el establecimiento de este régimen impuesto a los servidores públicos. En el ámbito privado podría funcionar igual. Sólo faltaría, como sucede con los servidores públicos, justificar el interés público de dicha medida; sencillo de explicar debido al clima de inseguridad que genera el dinero de la delincuencia organizada.

Es una bomba, pero también una solución. ¿Usted estaría dispuesto a presentar su declaración patrimonial ciudadana?

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