Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C. Twitter: @RCEmx

En una controversial resolución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó rotundamente que, la desestimación de las operaciones llevadas a cabo por un contribuyente se encuentra inmersas dentro de las facultades de comprobación, sin que sea necesario el ejercicio de la contenida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). Pasando por un lado el principio de legalidad, con lo que se afecta gravemente la seguridad jurídica de todos los contribuyentes en el país, pues bastará que un auditor, sin ánimos de hacer a menos u ofensivo, a su simple apreciación puede considerar que el proveedor no cuenta con los elementos materiales, humanos y técnicos para prestar el servicio o enajenar los bienes, para así ser rechazados y propicie una determinación de un crédito fiscal a cargo del visitado.

Como antecedente de la Contradicción de tesis, tenemos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó una visita domiciliaria con el objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente, al momento de ejercerlas rechazó las deducciones y acreditamiento para efecto de diversos impuestos, en razón de que no se demostró la materialización de las operaciones que el visitado realizó con sus proveedores, determinación a la que arribó porque éstos no fueron localizados en sus domicilios ni presentaron sus declaraciones de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos, asimilados a salario y honorarios, por lo que concluyó que no contaban con personal para movilizar la mercancía referida en las facturas exhibidas por el visitado. Consecuentemente, determinó un crédito fiscal por concepto de esos impuestos, actualización, recargos y multas.

Por lo que el contribuyente afectado interpuso recurso de revocación, resolviéndose en el sentido de confirmar el crédito fiscal determinado. Luego, se promovió juicio de nulidad logrando la declaratoria de la nulidad lisa y llana de la resolución confirmatoria y de la determinación del crédito fiscal, por lo que la autoridad interpuso recurso de revisión fiscal, el cual fue declarado fundado, tomando en cuenta que la determinante inicialmente impugnada fue originada por el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las fracciones III y IV de artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como que previamente se había solicitado documentación e información al contador registrado a fin de revisar el dictamen que formuló vía internet respecto de los estados financieros, pero al ser insuficientes los datos proporcionados, fue necesario practicar la visita domiciliaria de forma directa al contribuyente.

Dentro de las actas parciales, se hizo constar que los comprobantes fiscales con los que se pretendió declarar una deducción, amparaban presuntamente operaciones inexistentes por carecer de materialidad dado que ninguno de esos terceros contaba con personal para haber realizado la venta de mercancía, ni presentaron declaraciones de retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos, asimilados a salarios y por honorarios.

En la última acta parcial se asentó que, si bien uno de los terceros aportó documentación, no comprobó que su proveedor tuviera capacidad de infraestructura para vender la mercancía, porque su domicilio fiscal no existe, además de que el otro tercero no se encuentra localizado fiscalmente y nunca ha estado constituido en su domicilio.

Así, el Tribunal Colegiado involucrado en ésta contradicción de tesis, le da la razón la autoridad, pues ésta no podía seguir el procedimiento que prevé el artículo 69-B del CFF, ya que éste no debe observarse cuando son detectadas la operaciones al ejercerse facultades de comprobación, pues se logra la finalidad de aquel. Por lo que, si la autoridad en uso de sus facultades de comprobación, detecta que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, determinará los créditos fiscales que correspondan. Esto además cuando, se realizó compulsa a esos terceros, quienes no acreditaron contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para producir, comercializar o entregar los bienes a la visitada, en tanto que dos proveedores no fueron localizados y los restantes si bien presentaron la documentación e información con la que amparaban las operaciones, resultaron insuficientes para demostrar su real existencia.

Por otro lado, como parte de la contradicción de tesis encontramos que sí es exigible para la autoridad que revisa la situación fiscal del contribuyente que hubiera llevado a cabo el procedimiento que prevé el artículo 69-B, ya sea antes o durante la visita domiciliaria, puesto que si se tiene algún indicio de que se está ante operaciones inexistentes, se le debe dar la oportunidad a quien aplicó fiscalmente esos comprobantes para que demuestre su existencia o corrija su situación fiscal y sólo a los que no hicieron una u otra cosa, es a los que se les podrá determinar operaciones inexistentes en razón de un diverso procedimiento de fiscalización a los previstos en el artículo 42 del CFF.

De lo expuesto se observa que los órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica consistente en definir si para que la autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueda establecer que son inexistentes las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales que le fueron exhibidos, a efecto de determinar la improcedencia de las pretensiones del contribuyente, es necesario o no que previamente haya realizado el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones establecido en el artículo 69-B del CFF. Pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito estimó que no es necesario que la autoridad hacendaria ejecute previamente el procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF, para que al ejercer sus facultades de comprobación pueda advertir la inexistencia de operaciones y, con base en ello, determinar la improcedencia de las pretensiones del causante, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideró que, para que la determinación con que se concluye el ejercicio de las facultades de comprobación pueda sustentarse en la inexistencia de operaciones, sí es indispensable que la autoridad fiscal de manera anticipada lleve a cabo el procedimiento establecido para tal efecto en el artículo 69-B CFF.

A lo cual se resolvió la contradicción de tesis, que si durante el ejercicio de las facultades de comprobación, el contribuyente, con el objeto de acreditar el cumplimiento de una obligación fiscal, exhibe diversos documentos, ello no implica que en automático admita la veracidad de los datos que contengan, menos aún que acceda a la pretensión del causante, puesto que sólo a través del control que de tales documentos realice, puede tener la certeza de que no son apócrifos y que efectivamente acreditan el acatamiento de esa obligación, que es precisamente el objeto de la revisión. En efecto, la valoración y, en su caso, desestimación de la contabilidad y demás documentación exhibida son cuestiones propias de las facultades de comprobación, se consideró que, estimar lo contrario implicaría obligar a tener como válido cualquier documento o información que se le presente, sin que pudiera verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, ni corroborar, en caso de advertirlo, si existe o no una simulación de operaciones fiscales. De ahí que se considere que dentro de las facultades de comprobación se encuentra inmersa la de constatar la autenticidad de los documentos que soportan las actividades de los contribuyentes, por lo que la Segunda Sala llega a la convicción de que no es necesario llevar a cabo el procedimiento relativo a la inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B, para que con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, pueda determinar la improcedencia de las pretensiones del contribuyente basándose en el hecho de que son inexistentes los actos o actividades registradas en su contabilidad y respaldas en los comprobantes fiscales que exhibió. Por lo que considera que es evidente que, es evidente que la atribución consignada en el artículo 69-B para que la autoridad fiscal presuma la inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes emitidos por contribuyentes que no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, o bien, que no sean localizables, no excluye las facultades contempladas en el artículo 42, destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de que tienen  inmersa la de verificar la materialidad de las operaciones económicas gravadas.

Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la presente Contradicción de Tesis determinó que, si un sujeto a las facultades de comprobación no acredita la real materialización de las operaciones a que refieren su contabilidad y comprobantes fiscales, el fisco válidamente podrá declarar su inexistencia, puesto que si la prestación de servicios o la adquisición de bienes por las que se expidieron las facturas, no se llevaron a cabo, lo lógico es considerarlos como inexistentes y, por ende, se proceda a determinar que carecen de valor probatorio. Quedando todo lo anterior en el siguiente texto:

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El procedimiento citado tiene como objetivo acabar con el tráfico de comprobantes fiscales y evitar el daño generado a las finanzas públicas y a quienes cumplen con su obligación de contribuir al gasto público, lo cual pone de relieve que mediante este procedimiento no se busca como ultima ratio eliminar los efectos producidos por los comprobantes fiscales, sino detectar quiénes emiten documentos que soportan actividades o actos inexistentes. En cambio, para corroborar si los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos legales o que fueron idóneos para respaldar las pretensiones del contribuyente a quien le fueron emitidos, la autoridad fiscal cuenta con las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, se trata de procedimientos distintos y no es necesario que la autoridad fiscal haya llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 69-B para, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la improcedencia de las pretensiones del contribuyente basándose en el hecho de ser inexistentes los actos o actividades registrados en su contabilidad y respaldados en los comprobantes fiscales exhibidos. Además, es evidente que la atribución consignada en el artículo 69-B no excluye las facultades contempladas en el artículo 42 destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dentro de las cuales se encuentra inmersa la de verificar la materialidad de las operaciones económicas gravadas. De tal manera que si el contribuyente sujeto a las facultades de comprobación no acredita la real materialización de las actividades u operaciones registradas en su contabilidad y comprobantes fiscales, la autoridad fiscal válidamente podrá declarar su inexistencia, y determinar que esos documentos carecen de valor probatorio y, por ello, no podrá tomarlos en cuenta para efectos de la procedencia de la pretensión del contribuyente.


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