En su voto particular la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, difiere del criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, identificada por el rubro: « LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 151 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO SE ADVIERTE QUE INCURRA EN VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA NI DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014)», que al texto señala:

JURISPRUDENCIA NÚM. VIII-J-SS-51
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 151 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO SE ADVIERTE QUE INCURRA EN VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA NI DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014).- De la intención del legislador al redactar la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2014, para establecer como requisito para la deducibilidad de los pagos por concepto de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, que se realizarán a través del sistema financiero, con el objetivo de facilitar el ejercicio de las facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria, evitar actos de evasión y elusión fiscales, y mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones, no se advierte violación a los derechos humanos de seguridad jurídica ni de legalidad, conforme al principio de razonabilidad que se desprende de los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales; de manera que la norma que se analiza no es manifiestamente desproporcionada con la finalidad de evitar la evasión y elusión, así como facilitar la fiscalización a las autoridades hacendarias, al no impedir de manera absoluta que el contribuyente pueda acceder a la deducción en cuestión, pues solo condiciona la procedencia a que elija alguna de las modalidades establecidas en el precepto legal para efectuar el pago. Además de que también prevé para el caso de que el contribuyente estuviese impedido de acceder a los servicios prestados por las instituciones que forman parte del sistema financiero, se le libe re de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos por esa disposición legal, evitando así la limitación de forma absoluta el derecho a la deducción.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/2/2018)

PRECEDENTES:

VIII-P-SS-85
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4908/16-17-07-5/2133/16-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de marzo de 2017, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de marzo de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 9. Abril 2017. p. 130
VIII-P-SS-86
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1795/16-16-01-7/2917/16-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de marzo de 2017, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Tania Álvarez Escorza.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de marzo de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 9. Abril 2017. p. 130
VIII-P-SS-131
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1652/16-16-01-6/1686/17-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de septiembre de 2017, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: Lic. Fátima González Tello.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de septiembre de 2017)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 15. Octubre 2017. p. 127

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión del día siete de febrero de dos mil dieciocho, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Licenciada América Estefanía Martínez Sánchez, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

NOTA: En este asunto, la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, solicitó que se publicara su voto particular.

Es muy interesante su reflexión, partiendo de que en su contenido medular sostiene el criterio, que el artículo 151, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al disponer que para que procedan las deducciones personales consistentes en los pagos realizados por concepto de honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, deben efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, tarjeta de crédito, débito o servicios; no viola el derecho a la salud, pues se trata solamente de una regulación para procedencia o no de esas deducciones. No obstante, la Magistrada difiere en razón de considerar que su alcance sí implica una violación al acceso al derecho de la salud, puesto que:

  1. Restringe la libertad de a acudir con un médico, hospital, clínica o cualquier otro centro de salud, que acepte los servicios de pago en la modalidades que establece dicho artículo, y
  2. Exige que para que pueda tener acceso a un servicio de salud en el que el costo que le genere dicho servicio pueda ser deducible, debe tener una relación bancaria con alguna Institución Financiera, para estar en posibilidad de pagar el servicio de salud mediante cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios.

Para sustentar lo anterior, la Magistrada toma en consideración la exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, número 3857-F del 08 de septiembre de 2013, anexo F, que en la parte conducente como el motivo principal para implementar que el pago por estos conceptos sea mediante el sistema financiero para poder deducirlos, y facilitar a la autoridad hacendaria el ejercicio de las facultades de fiscalización de las deducciones personales, para poder identificar plenamente la veracidad de las operaciones efectuadas.

Pero esto limita el derecho humano a la salud, lo anterior pues si el particular desea deducir los gastos que erogue para el cuidado de su salud, necesariamente debe de acudir a un médico o institución que acepte algún método de pago vinculado con el sistema financiero, situación que lo coloca ante una situación, donde lo obliga a realizar un ejercicio de ponderación, entre su libertad para escoger al médico de su elección o acudir ante uno tenga la posibilidad de aceptar bajo la modalidad bancaria. Continua la Magistrada, atendiendo a la axiología jurídica, es una obligación ineludible de esta Juzgadora, velar por todo aquel valor jurídico y moral que lleve a preservar y respetar la dignidad de la persona; por lo cual el análisis realizado tuvo que centrarse en un ejercicio de valoración entre la limitación al derecho humano a la salud y la facilidad administrativa de fiscalización, en donde debió, sin lugar a dudas  debió prevalecer la protección al derecho humano a la salud, pues el Estado tiene dentro de sus obligaciones, garantizar y asegurar la asistencia médica, y no puede colocarse en un escalón de importancia bajo el interés de la recaudación de ingresos, también importantes para  el funcionamiento del Estado.

La Magistrada resalta que, el Derecho a la Salud genera la obligación del Estado de preservar dicho bien jurídico protegido por la Constitución; y en el caso concreto, considera que el legislador daña dicho bien jurídico al beneficiar a la autoridad fiscalizadora anteponiendo sus intereses a los del contribuyente, dado que este cuenta con un CFDI con el que sustenta el gasto efectuado, y la autoridad fiscal tiene facultades discrecionales necesarias para verificar la procedencia de las deducciones

Concluyendo, atendiendo a la exposición de motivos, el hecho de que se haya introducido un elemento adicional para la eficacia de las deducciones personales en análisis, como lo es supeditar que los pagos efectuados se realizaran a través del sistema financiero, evidentemente colocó una facilidad administrativa a las autoridades fiscales, por encima de un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues con el ánimo de mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones personales, coarta la libertad del ciudadano para decidir con qué médico, odontólogo o institución hospitalaria dejaría a cargo del cuidado de su salud, ello toda vez que si pretendía deducir las erogaciones efectuadas, necesariamente tendría que acudir a un médico que aceptara pagos efectuados mediante el sistema financiero. Razón por la que discrepo con el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, pues debió proteger el derecho constitucionalmente tutelado, para exigir que la legislación fiscal.

Esperando que este voto particular cause eco en el Poder Judicial de la Federación, y en un nuevo pensamiento se adopte el presente criterio.

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