Octavio Garcia Maldonado
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas
y Sociales, Catedrático de la Facultad
de Derecho en la Universidad de
Guadalajara, docente e investigador
titular “C”. Director de la firma de
abogados de empresa «García
Maldonado-Ledezma Saavedra (GMLS)»

La definición como tal de obligación en las disposiciones de la legislación mexicana, ha generado cierto conformismo hasta el punto de no ir más allá de lo que la doctrina dice, sin cuestionarla. Al analizar libros doctrinales sobre esta temática, noté que no se ha evolucionado sobre el concepto de obligación. Y es que cada autor acepta la definición de otro y presenta una personal que básicamente dice lo mismo, con distintas palabras.

Por ejemplo, la doctrina francesa de la que se desprende la mayor parte de la teoría de las obligaciones; el jurista Robert Joseph Pothier menciona que la palabra obligación tiene dos significaciones, entre ellas la siguiente: “En su sentido más lato, latu sensu, es sinónima de deber” (Pothier, 2003: 7). Esta afirmación se tomó como una base, que todos los autores retoman en el estudio de la obligación. Sin embargo considero que se tiene que profundizar un poco más en el significado de las palabras deber y obligación.

Por otro lado, buscar la palabra obligación en el diccionario, lleva a buscar “deber”, cuyas definiciones manejan “obligación” para definir el término y viceversa. Hoy en día, estas palabras frecuentemente se toman por sinónimas, e incluso los académicos utilizan los términos de esta manera. Sin embargo, en lo personal considero que es un error, porque si bien los conceptos tienen que ver, su significado no es idéntico en la práctica cotidiana y mucho menos en la jurídica.

El deber se encuentra muy presente en nuestro andar diario y será sencillo identificarlo a partir de la siguiente definición de “deber” del Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales (1988: 626).

“Conducta que se espera siga un individuo por virtud de su posición, status u ocupación o por el hecho de ser miembros de ciertos grupos. La expectativa de conformidad con las costumbres”.

Algo tan cotidiano como el presentarse a trabajar y cumplir con las labores que implica, ayudar a una persona que lo necesita, llamar a un familiar en su cumpleaños; hasta cumplir con los reglamentos de tránsito, no cometer delitos, son deberes que realizamos a diario. En este sentido se puede entender que existen diferentes tipos de deberes: morales, divinos, políticos, positivos, naturales y jurídicos. Además puntualizo que una persona puede tener un deber con otra, con varias e incluso con toda la sociedad como sucede con el cumplimiento de las normas y disposiciones jurídicas.

Por otra parte es necesario analizar la definición de “obligación”, también del Diccionario UNESCO (1988:1534-1535): Etimológicamente, se desprende del vocablo latino: “ob-ligatio”, que significa “acción de atar”. En el sentido usual, la obligación es definida de la siguiente manera:

“Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre” y “vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer una cosa”.

De estas definiciones podemos destacar que ambas palabras no deben unificarse, porque no implican la misma fuerza. El deber se reduce a la expectativa, a una acción que el individuo tiene que hacer y los demás esperan que haga. Mientras que la obligación cobra mayor fuerza, si bien es algo que se tiene que hacer porque el no hacerlo implica consecuencias negativas para el individuo. Es decir la obligación limita la libertad, regula el comportamiento e implica mayor fuerza en el cumplimiento de esta, que el deber en sí mismo.

Igualmente, es necesario comparar la doctrina sobre las obligaciones: francesa y alemana, las cuales tienen su base en el derecho romano. Comento lo anterior porque es un aspecto relevante, ya que en el derecho francés no se observa una distinción que si aborda el derecho romano y es la siguiente:

“En el Derecho Romano se distinguía la deuda y el poder de coacción: la deuda era el debitum, y el poder de coacción recibía el calificativo de obligatio”. (Larroumet, 1990:17).

De igual manera los alemanes, reconocen y retoman este aspecto, llamando a la deuda o debitum: schuld, y al poder de coacción: haftung.

A partir de esto me baso para argumentar que la obligación va estrechamente relacionada con el poder que exige, ejecuta y limita, de acuerdo a la interpretación romana y alemana. Mientras que el deber o deuda no implica la misma fuerza de acción.

Para aterrizar mejor en esta temática, se puede analizar el siguiente ejemplo: Juan le presta un libro a Pedro, y este último se compromete a devolverlo en dos semanas. De esta situación podemos identificar los siguientes aspectos:

  • Se tienen dos sujetos: Juan y Pedro.
  • Pedro tiene un deber con Juan: entregar el libro en el plazo establecido.

Supongamos que pasan dos semanas y un día y Pedro no ha entregado el libro a Juan. Del primero se observa un incumplimiento de la acción que le correspondía, es decir su deber. En lo que respecta a Juan, él se encuentra entonces en toda su facultad de solicitar a Pedro el cumplimiento de lo acordado que en este caso es la entrega del libro. A pesar del plazo vencido, el deber no se ha extinguido hasta que se realiza la entrega de lo pactado. Si aún después de la solicitud de la devolución, Pedro sigue sin efectuar el cumplimiento de su deber; Juan deberá acudir entonces a un tercero, que sería una autoridad, para poder exigir la entrega de la prestación y una respuesta a los daños causados. Claro que este tendrá que demostrar el incumplimiento del deber por parte de Pedro y la autoridad analizará el vínculo que existe entre ambos sujetos, para poder determinar una sanción. En el momento en que la autoridad emite la sentencia, nace la obligación de Pedro de cumplir con su deber y con la sanción determinada.

A partir de este ejemplo, se identifica que la acción que se espera de Pedro es la entrega del libro dentro del plazo acordado, ese es su deber. Al no cumplir con él y tampoco atender a la solicitud de devolución, es decir en términos más propios el requerimiento que le hace Juan. Entonces Pedro, entra en mora, que es el nombre que recibe el retraso del cumplimiento por parte de la persona que debe, “cuando la ley lo toma en consideración para demostrar su responsabilidad” (Planiol y Ripert, 1991:125). Como punto importante respecto a la mora, esta solo se existe cuando se le exige la prestación al deudor, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo o término acordado; ya que el deber no se extingue hasta que se realiza la entrega de la cosa o el cumplimiento de la conducta.

Si después de esto, Pedro se niega a cumplir con su deber, entonces Juan deberá acudir a las autoridades y deberán existir consecuencias para este incumplimiento.

“La ley concede al acreedor el derecho y los medios de exigir el cumplimiento; en defecto de una ejecución voluntaria, el acreedor puede acudir a los tribunales demostrando su derecho, después de lo cual, el Estado pondrá a su disposición la fuerza social…Esta es la ejecución forzosa” (Planiol y Ripert, 1991:125).

Esta etapa le corresponde a la autoridad, en la cual Juan tendrá que demostrar el requerimiento que le hizo a Pedro, que es cuando este último entra en mora, y proceder con la demanda judicial. La autoridad que con su poder y fuerza determina una sanción y exige su cumplimiento. A partir de que existe la consecuencia para Pedro, entonces este adquiere una obligación, es decir queda limitado en su libertad de actuar, en relación al cumplimiento de la misma. Esta es la distinción que se debe hacer entre un término y otro, de esta manera es posible identificar que no se pueden utilizar como sinónimos.

Entonces, a partir de esta explicación se puede identificar la composición tanto de los deberes como de las obligaciones, porque en ambos casos se encuentran presentes los mismos elementos; sobre los cuales existe una diversidad de perspectivas en las que los autores agregan conceptos o manejan distintos términos para nombrarlos. No obstante, siempre se encuentran presentes de manera constante, tres elementos que tomaré para su análisis: sujetos, objeto y relación jurídica.

Empezando por las partes que intervienen, es decir los sujetos, pueden ser personas físicas o morales, pero siempre se denominarán acreedor y deudor. El acreedor se considera el sujeto activo y desde su perspectiva es aquel que le exige al deudor, quien es el sujeto pasivo, y está obligado a cumplir al acreedor. Si aplicamos esto al ejemplo anterior, Pedro sería el sujeto pasivo o deudor; y Juan el sujeto activo o acreedor.

Por otro lado, existen en la práctica relaciones jurídicas recíprocas en las que el acreedor es al mismo tiempo deudor y éste también es acreedor. Bejarano Sánchez menciona que un ejemplo de esta relación es la compra-venta que: “hace al comprador, deudor del precio de la cosa comprada y acreedor de ésta, y paralelamente constituye al vendedor en deudor de la cosa vendida y acreedor del precio de ella” (Bejarano, 1999: 7). Como se puede observar, ambos sujetos al participar en la compraventa, actúan como deudor y acreedor al mismo tiempo, creando una doble interdependencia de deberes.

Ahora bien, con relación al objeto del deber, presento las siguientes perspectivas de dos autores que lo definen como un elemento de las obligaciones. Cuestión en la que están equivocados, ya que el objeto es un elemento del deber.

“Los derechos personales u obligaciones tienen por objeto el servicio o la prestación a cargo del deudor… lo que este debe dar, hacer o no hacer, la clase de servicio que debe prestar a su acreedor” (Bejarano, 1999:11).

Esta primera definición pertenece a Bejarano Sánchez, quien considera que el objeto es meramente la acción que realiza o no el deudor, respecto al acreedor.

Por otra parte, para Sanromán Aranda: “El objeto de la obligación es la intención de crear una relación jurídica entre acreedor y deudor” (Sanromán, 2002: 4). Y él llama contenido a lo que Bejarano entiende por objeto de la obligación: dar, hacer y no hacer.

Respecto a ambas perspectivas considero que si se analizan en conjunto, engloban perfectamente el elemento que se está analizando, planteándolo como objeto del deber. En efecto, el propósito de este es el crear una relación jurídica entre los sujetos: deudor y acreedor, a través del acuerdo de voluntades en relación a la prestación (dar o hacer) u abstención (no hacer), del primero respecto al segundo.

En este punto, también se debe identificar que existen dos tipos de objeto: el objeto directo, que en si es la acción de dar, hacer o no hacer (prestación- abstención); y el objeto indirecto, que es: “lo que se da, lo que se hace o lo que deja de hacerse” (Martínez, 2000:3). Para que quede más claro, volviendo al ejemplo de Juan y Pedro, el objeto directo sería la entrega del libro, y el objeto indirecto corresponde al libro.

Por otra parte, en relación al objeto se debe tomar en cuenta la patrimonialidad y extrapatrimonialidad, que son elementos importantes al momento de determinar las consecuencias del incumplimiento. Cuando se habla de la patrimonialidad, se involucra el valor económico, de acuerdo a lo que representa monetariamente el objeto indirecto, es decir la cosa que se da o lo que se hace o deja de hacer. Mientras que la extrapatrimonialidad es un poco más compleja, pues no es cuantificable en una cantidad monetaria, ya que van relacionadas a los daños a los bienes personales de tipo moral, psicológico, familiar, de salud o libertad que el incumplimiento del deudor llega a causar. Sin embargo el que estos daños no causen un perjuicio económico como tal, las autoridades determinan una indemnización o compensación en este aspecto, que es en si la obligación originada de la sanción que corresponde cumplir al deudor.

Se debe puntualizar entonces, que el deber surge a partir del acuerdo de voluntades, (los sujetos) en el que se establece la prestación que tiene uno con el otro (objeto); lo cual al mismo tiempo da origen a una relación jurídica. Por lo tanto el contraer un deber, se convierte en un acto jurídico que la perspectiva legal, toma en cuenta para asignarle consecuencias.

En este sentido, se debe entender que existe un vínculo entre los sujetos participantes, el cual radica en el compromiso y cumplimiento del objeto en un plazo o término, por parte del deudor, no en la facultad que tiene el acreedor de exigirle. Es decir, la relación jurídica reconoce la subordinación que existe por parte del deudor con el acreedor, incluyendo las consecuencias por el incumplimiento. Por lo que si este último llega a suscitarse, el acreedor puede hacer uso de su facultad de exigir al deudor que no cumple con su deber; “el acreedor tendrá derecho de obligarlo a ello apelando a la fuerza pública, o cuando la ejecución natural ya no es posible, obtener el pago de daños y perjuicios, modo de satisfacción que puede ser llamado: ejecución por medio equivalente” (Colin y Capitant, 2002:2). Cuando esto sucede, se procede a la demanda y la autoridad deberá determinar una sentencia, para que se ejecute el deber por la fuerza y además el deudor tendrá cumplir por la fuerza con la obligación de responder por los daños y perjuicios moratorios que implicó el retraso en la ejecución de su deber.

De esta manera se puede entender entonces el contraste que hay entre obligación y deber, puesto que el deber da origen a la obligación que nace a partir del incumplimiento del deudor y da como consecuencia el uso de la facultad de exigencia por parte del acreedor.

Bibliografía.
Bejarano Sánchez, Manuel: “Obligaciones Civiles”, Ed. Oxford, México 1999.
Colin, Ambroise y Capitant, Henry: “Derecho Civil-Obligaciones” Volumen 1, Editorial Jurídica Universitaria, México 2002.Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, TOMO II, Editorial Planeta-Agostini, España 1988.
Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, TOMO III, Editorial Planeta-Agostini, España 1988.
Martínez Alarcón, Javier: “Teoría General de las obligaciones”, Editorial Oxford, México 2000.
Planiol, Marcel y Ripert, Georges: “Tratado elemental de derecho civil- Las Obligaciones” TOMO IV, Cárdenas Editor y Distribuidor, México 1991.
Pothier, Robert Joseph: “Tratado de las Obligaciones”, Tribunal Superior de Justicia, México 2003.
Sanromán Aranda, Roberto: “Derecho de las obligaciones”, McGraw-Hill, México 2002.

Print Friendly

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here