Ricardo Merino Valadez
Licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y Diplomado en Excelencia en Impuestos, por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.

Actualmente en los negocios siempre ubicamos múltiples factores para un desarrollo estable, destacando en este momento sólo dos de ellos, en primer plano encontramos el económico-financiero, el empresario al poner en movimiento las operaciones de su negocio se enfrenta a múltiples situaciones, internas o externas, que pueden alterar los resultados esperados, es por eso que establece los elementos necesarios para evitar estos problemas, o bien, para solucionarlos. De lo anterior se deriva el otro de factor, el de llevar a cabo contratos por cada una de las relaciones que se generen para la obtención de algún bien o servicio para su funcionamiento, por ejemplo, la ocupación de un bien inmueble para la realización de su actividad, pudiendo ser por una compraventa, arrendamiento o comodato, en cualquiera de estas variantes es imprescindible plasmarla en papel. Al realizarlo se debe tener especial cuidado en cumplir cabalmente con todas las formalidades exigidas por la propia norma para que adquieran plena validez y surtan todos sus efectos, no sólo por la seguridad de conservar la posesión o propiedad del bien sino que en el plano fiscal se debe demostrar la justificación de la ocupación de ese bien para los fines del contribuyente. Ahora, tomando otro caso especial para dejarlo mejor asentado, en una adquisición de la propiedad de un bien inmueble mediante un contrato de compraventa es necesario contar tres elementos esenciales para su existencia:

  • El consentimiento o acuerdo de voluntades de cada parte, sin que exista algún vicio, como puede ser el error o la falta de capacidad legal para celebrarlo;
  • El objeto debe ser posible, lícito (legal) y estar determinado sin necesidad de nuevo acuerdo, y finalmente el tercero;
  • La causa siendo la finalidad económica y social que se persigue, para que sea válida debe de existir, ser lícita y verdadera.

Además, por tratarse de un bien inmueble debe ser llevado ante la fe de un notario público e inscribirse en el registro público de la propiedad, de esta manera se cumple con todas las exigencias surtiendo así plenos efectos, tanto con quien lo oferta como con quien la acepta, así como todos los terceros. Los elementos enlistados son, como su nombre lo señala, esenciales para que un contrato exista, por lo que deben ser cumplidos cabalmente; la ausencia de alguno de estos tres elementos esenciales o el incumplimiento de alguno permite pedir su nulidad, en cambio, si está correctamente constituido produce obligatoriedad, relatividad e irrevocabilidad. En este ejemplo particular la legislación contempla de manera precisa que se requiere la fe pública, esto debido a que es la garantía de autenticidad y legitimidad impuesta por el poder público, a determinados contratos, pero en su mayoría no es requisito basta con cubrir los elementos esenciales y cumplir con las demás formalidades establecidas. A manera de recomendación, si bien es cierto, no es necesario que se lleven a cabo ante la presencia de un fedatario público también lo es que no lo limita, y hacerlo reviste de mayor certeza a un acuerdo de voluntades.

No obstante lo explicado en el párrafo anterior, la perspectiva de la autoridad fiscal es sustancialmente diferente, pues considera que la ratificación ante una fe pública es necesaria para determinar la fecha cierta del contrato, en consecuencia el inicio de sus efectos jurídicos; lo que resulta notoriamente injustificado, pues los elementos que demostraran siempre la veracidad y temporalidad serán las contraprestaciones pactadas, esto es, el servicio o pago que una persona o entidad hace a otra en correspondencia al que ha recibido o debe recibir.

Con apoyo al tema “de la fecha cierta en un contrato de compraventa”, es importante considerar que cuando se busca certeza puede ser con el empleo de una ratificación, como lo contempla la siguiente jurisprudencia, originada por Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 172581, publicado en mayo 2007 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta –lo resaltado es nuestro-:

COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. ES DE FECHA CIERTA SI SE RATIFICA ANTE FEDATARIO PÚBLICO O FUNCIONARIO AUTORIZADO, AUNQUE NO SE HAYA CELEBRADO ANTE ÉSTE. Aun cuando la jurisprudencia número 46/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO», refiere que el documento privado en que se haga constar el acto traslativo de dominio tiene fecha cierta «a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado y son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes», de la lectura de la ejecutoria que le dio origen, se desprende que en realidad alude a la presentación ante funcionario investido de fe pública del documento privado correspondiente para su ratificación y no precisamente a la celebración forzosa ante notario público, por tanto, la ratificación del contrato privado de compraventa ante dicho funcionario, debe considerarse de fecha cierta, y por ende, suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso como propietario del inmueble materia del juicio del que emanan los actos reclamados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

En el mundo de los negocios siempre debe tenerse como máxima contar con el respaldado de los contratos en cualquier negocio, pacto o acuerdo, ya que de esta manera se protegen los intereses de quienes los celebran y dota de seguridad jurídica a esa relación, para disminuir la posibilidad de que suceda desde un mal entendido hasta hacer cumplir lo pactado. Continuando sobre la postura que tiene la autoridad fiscal, cabe preguntar: ¿En realidad todos los contratos privados al momento de exhibirlos en un acto de fiscalización se les reconoce su valor?, lamentablemente por lo general la respuesta es no, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostiene que al ser de carácter privado, no le son de observancia obligatoria, por tanto, les desconoce sus efectos fiscales en su totalidad, apoyado en el argumento que al no ser celebrado ante un fedatario público no tiene certidumbre de la fecha de su celebración, acto seguido se desestiman en la determinación de impuestos, situación que contraviene el principio de legalidad y proporcionalidad tributaria; al primero, pues como se explicó en líneas atrás, los ordenamientos que rigen a los contratos en su mayoría carecen de disposición expresa que señale como requisito contar con fe pública, por lo que de rechazarse bajo este argumento generará un acto carente de una adecuada fundamentación legal; y al segundo principio se agravia porque las operaciones contenidas en un contrato tienen su participación en la determinación de la base gravable y al no ser tomadas en cuenta de la forma en que fueron acordadas se está alterando de manera sustancial y arbitraria su cálculo, por ejemplo, se deja de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre la verdadera ganancia del contribuyente porque se efectúa por la determinada unilateralmente por el fisco. A manera de parentesis, sólo estamos hablando de la certeza del tiempo de su celebración, más no la naturaleza del negocio, lo que en muchas ocasiones la autoridad de forma irregular aprovecha para también cambiarla dando como resultado una variación en la causación de los impuestos en perjuicio del empresario.

No sobra exponer que cuando se trata de certificaciones de copias por fedatario público, la fecha cierta se determina por la asentada al momento de su cotejo -que puede coincidir con la de su celebración-, más no la asentada en propio contrato, esto se desprende del argumento contenido en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164080 y publicada en el mes de Agosto de 2010 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al texto señala –lo resaltado es nuestro-:

DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él.

No podemos permitir llegar al punto de descalificarlos cuando no se revistan de un requisito no exigido en ley, pues mientras se cumpla con el acuerdo de voluntades, tenga un objeto licito y se cumpla únicamente con las formalidades establecidas, se obtiene su existencia y perfeccionamiento. También cierto es que, cuando ocasionalmente requiera la ley algún otro formalismo como la presencia de fe pública para que surta efectos frente a tercero, es necesario cumplirlo, pero esto jamás será obstáculo o condición para lograr determinar la fecha cierta de su celebración, pues existe la posibilidad de contar con otros elementos para demostrarla; criterio obtenido del vertido por Tribunales Colegiados de Circuito mediante la tesis jurisprudencial número de registro 178462, publicada en mayo de 2005 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA. Es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil, y las tesis de jurisprudencia emitidas, respectivamente, por la otrora Tercera Sala y la actual Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: «DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.» e «INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.», los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son: la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio, y la muerte de cualquiera de los que lo firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características, no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza; pero esos hechos que se invoquen y demuestren deben ser tales, que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento al tiempo en que se verificaron, es decir, deben ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea de una fecha diversa.

Es fundamental puntualizar que el primer sujeto que apl

ica la norma fiscal es el propio contribuyente, por lo que cobra importancia el principio de buena fe como una regla de derecho, contenido en el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, depositando la carga probatoria a la autoridad para que acredite las agravantes en la comisión de infracciones tributarias, esto es, se admite prueba en contrario, pero no quiere decir que basta con una argumentación sino que debe estar justificada en elementos materiales, humanos y técnico para sustentarla.

Así, se concluye que mientras se cumpla con lo que la ley establece para considerar como existente y válido un contrato, éste produce todos sus efectos jurídicos para los cuales se celebró y recaen de la misma forma sus consecuencias en materia tributaria, entre las partes y terceros –considerándose a la propia autoridad fiscal-, y respecto a la fecha cierta, debe precisarse que para demostrar su materialización el mejor medio es el cumplimiento de las contraprestaciones, pues éstas dejan evidencia de modo, tiempo y lugar.

Desafortunadamente, el actuar de la autoridad es completamente opuesto, ya que al llevar a cabo un acto de fiscalización generalmente cuestiona el contenido de los contratos privados “sin fe pública” -por decirlo de alguna manera-, alterando su verdadera naturaleza y finalidad en perjuicio del contribuyente al momento de la determinación de impuestos, sin aportar las pruebas que demuestre la probable inexistencia o un distinto contenido, por lo que actuaciones como éstas son una violación flagrante al principio de legalidad y proporcionalidad tributaria.

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