Adrián Alfonso Paredes Santana

Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
Twitter: @RCEmx

En este apartado del sitio oficial del Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se muestra el marco legal de la no discriminación en México, en primer orden tenemos a nuestra Constitución Política, donde se establece el principio “antidiscriminatorio”, contendido desde la reforma al artículo 1 llevada a cabo en el año 2001, prohibiendo su presentación en cualquier forma, y en cualquier relación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. A partir de este momento comenzó la iniciativa de la reglamentación al párrafo tercero de dicho artículo, creada así en 2003 con el nombre de “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” en lo sucesivo como LFPED. Recientemente, sufre una modificación el pasado 20 de marzo de 2014 para dotar al Conapred de mejores atribuciones para brindar una mejor protección tanto de las personas que viven y transitan por el territorio nacional, que de aprovechando menciono que en otros países que sólo se aplica para sus nacional y no para extranjeros o personas que sólo transitan su territorio, esa es una gran ventaja de la extensión de su protección aquí en el país. Para cerrar este contexto, al día de hoy cada entidad federativa cuenta con su legislación local y con su autoridad competente, por lo que sugiero que lo que en seguida se lea se consulte con estas legislaciones para un mejor análisis.

De conformidad con su artículo 4, queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley; en listando en su artículo 9 que se considera como discriminación, de manera enunciativa más no limitativa, pues señala textualmente “entre otras”:

I. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos;
II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación;
III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;
IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;
V. Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de formación profesional;
VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;
VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios;
VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;
IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables;
X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo;
XI. Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia;
XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho de las niñas y niños a ser escuchados;
XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana;
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;
XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público;
XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia;
XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales aplicables;
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral,
especialmente de las niñas y los niños, con base al interés superior de la niñez;
XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga;
XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;
XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;
XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;
XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante;
XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;
XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;
XXVI. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el
aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;
XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión;
XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación;
XXIX. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se encuentren en
centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con discapacidad mental o psicosocial;
XXX. Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas
mayores;
XXXI. Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición de salud;
XXXII. Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA;
XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas, y
XXXIV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.

– Énfasis añadido

De acuerdo con sus artículos 43 y 44 de la LFPED, el Conapred conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, e impondrá en su caso las medidas administrativas y de reparación que esta Ley previene, y sólo se admitirán sobre hechos probados dentro del plazo de un año, contado a partir de que se haya iniciado la realización de los presuntos actos, omisiones o prácticas discriminatorias. Las sanciones se conforman de medidas de reparación, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente, y podrán ser las siguientes contenidas en su artículo 83:

I. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;
II. Compensación por el daño ocasionado;
III. Amonestación pública;
IV. Disculpa pública o privada, y
V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discriminatoria.

Resaltando al tema que nos ocupa la fracción X: “impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo”, en el caso de que se rechace a una persona su solicitud para rentar un inmueble para destinarlo a casa habitación, tiene derecho a saber la o las razones para negar su propuesta. Pues, de conformidad con la referida fracción es ilegal que un arrendador rechace una solicitud sin motivos una vez pedida la explicación por el solicitante, pues de hacerlo puede encontrarse actos de tinte discriminatorios. Por ejemplo, algo muy común en mi tierra es que los propietarios no acepten renta a familias con hijos pequeños o porque sus integrantes son muchos, lo que es una constante que pareciera no afectar puede tener inmerso discriminación, desde el punto de vista jurídico. Por un lado hay que considerar que conforme al Derecho Civil, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes; esto es, que no puede obligarse al dueño de un vivienda a alquilarla a determinada persona. Sin embargo, bajo el contexto de la “antidiscriminación” contenida en nuestra Constitución aplica a cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por lo tanto, mi recomendación sobre el tema, salvo opinión mejor fundada, es que en la promoción de un espacio para renta, en cumplimiento de la LFPED, no se señale lo siguiente:

I. No puede insinuar ni declarar algo de esta naturaleza.
II. No puede decir que no está disponible cuando en realidad lo está.
III. No puede usar un conjunto de normas diferentes para evaluar a solicitantes que pertenecen a una clase protegida.
IV. No puede negarse a alquilar a personas dentro de una clase protegida.
V. Dar contestación a toda solicitud sobre el resultado y las razones objetivas por la que no fue favorable.
VI. Al dar atención a un solicitud de aclaración sobre la negación del arrendamiento debe ser objetivo, y sobre todo, por ser la propuesta aceptada de mayor beneficio económico para el propietario.
VII. Olvidarse de cambiar las condiciones de la propuesta original por cuestiones de la persona que presenta la propuesta, bien sea pedir un depósito mayor, por ejemplo.
VIII. No contener causas de rescisión que tengan motivos discriminatorio, bien sea, tener hijos, descubrir qué tiene determinada religión o cualquier situación similar.

Por otro lado, quien aspire a ser arrendatario de una vivienda y sea discriminado por cualquier razón, y pueda probar ese trato desigual, podrán acercarse a la Conapred para presentar su Queja, y ésta a su vez, le turnará un oficio al presunto responsable para que en un plazo de diez días de contestación, de lo contrario se tendrán por ciertos los hechos imputados a su personas, de conformidad con el artículo 63 Séptimus de la LFPED, procediendo a la imposición de una medida reparatoria.

Con lo anterior se puede concluir que, ante la intención de arrendar un bien inmueble debe tener mucha atención al respeto de la “antidiscriminación”, así como en la elaboración de contrato, pues en ambos documentos se puede presentar alguna aspecto que contenga un trato diferenciado, por esto en respecto al ordenamiento constitucional y legal mencionados, les sugiero una nueva reflexión en la preparación y elaboración de un relación de arrendamiento de bienes inmuebles, pues se podrían enfrentar a un procedimiento en la Conapred.

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