Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en Derecho por la Universidad la Salle. Postulante y consultor en materia fiscal, juicio de amparo, derecho administrativo y comercio exterior.
gsanchezsoto@ yahoo.com
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De todos es sabido que el juicio de amparo se rige por una serie de principios que la dan su connotación única de medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, normas y omisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan como autoridades. Dentro de estos principios que regulan al juicio constitucional destaca el principio de relatividad de sentencias, el cual consiste en que las sentencias que otorgan la protección constitucional solo protegen al peticionario de garantías que promovió el juicio de amparo de que se trate, es decir, las sentencias de amparo no tiene efectos generales y solo protegen a la persona que insto la acción constitucional.

Este principio ha sido severamente cuestionado pues en la práctica con motivo de su aplicación, aparentemente, se pueden crear situaciones de hecho profundamente cuestionables e incluso inequitativas, pensemos en dos contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias frente a una misma norma que se tilda de anticonstitucional. El primero de ellos promueve juicio de garantías oportunamente y obtiene una sentencia que reconoce matices de inconstitucionalidad en la ley atacada y por ende se le exime de su observancia y a la autoridad competente se le prohíbe aplicársela, sin embargo, el segundo de los contribuyentes en nuestro ejemplo no promueve el juicio constitucional y por ende queda sujeto al cumplimiento estricto de la norma que a la otra persona se le ha reconocido que carece de constitucionalidad y como consecuencia no se le obliga a observarla. Nótese que los contribuyente en este caso hipotético se encuentran en idénticas condiciones frente al mismo precepto normativo, con la única diferencia de que uno de ellos promovió el juicio constitucional y el otro no, lo que da lugar a que al primero se le reconozca que la norma jurídica controvertida es contraria a nuestra Carta Magna y por ende no se le aplique ni se le reclame su observancia frente al otro contribuyente que por no ejercer la acción de amparo se le obliga a que cumpla estrictamente los términos de una disposición general que se sabe es contraria a la Constitución.

Es la formula Otero o principio de relatividad de sentencias el fundamento de esta diferenciación que puede estimarse como notoriamente desigual, sin embargo, no es motivo de este escrito ahondar en el análisis de la justificación o carencia de la misma con motivo de su aplicación sino proponer una alternativa que nos haga asequible el beneficio de la declaración de inconstitucionalidad aun cuando no nos hayamos amparado en tiempo y forma en contra de la ley, acto u omisión que ha sido reconocido como anticonstitucional. Al respecto nos ilustra la siguiente tesis jurisprudencial que deja muy claro cuáles son los efectos de una sentencia que ampara y protege al impetrante de garantías[1]:

AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.

(El énfasis es nuestro)

En este contexto, no obstante lo anteriormente señalado hay que tener en consideración que si una norma ya ha sido declara inconstitucional jurisprudencialmente si es posible ampararse en contra de cualquier acto de aplicación de la misma y no solo en contra del primer acto de aplicación, siendo los efectos de la sentencia no realizar una declaración de inconstitucionalidad de la norma porque el término para ello ya precluyó sino del acto de aplicación por estar fundado en una disposición anticonstitucional, es decir, aunque el quejoso no interpuso en tiempo y forma amparo en contra de la disposición legislativa atacada, se analizará la constitucionalidad del acto administrativo que aplica la ley y no de la ley misma. Así lo ha sostenido el siguiente criterio jurisprudencial[2]:

INFONAVIT. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE AQUEL INSTITUTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997. El amparo contra un ulterior acto de aplicación de una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se caracteriza por una reducción de sus efectos, al punto de no poder invalidar otros perjuicios ocasionados por aplicaciones diversas al acto reclamado, y mucho menos tiene el alcance de evitar que en lo futuro la misma ley se aplique nuevamente al quejoso, pues ésta ya fue consentida, al no impugnar oportunamente su primer acto de aplicación. Si no fuera así, el amparo contra un acto que no observó dicha jurisprudencia y el amparo contra una ley tendrían efectos equivalentes, no obstante que la protección constitucional por inobservancia de la jurisprudencia tiene como único efecto obligar a la autoridad a dejar insubsistente exclusivamente el acto enjuiciado, sin poder afectar otros actos anteriores o posteriores al declarado inconstitucional. Lo anterior obedece a que si no se limitaran los efectos del amparo contra un ulterior acto de aplicación, evitando extender sus efectos al pasado o al futuro, se llegaría al absurdo de que, por virtud de la protección otorgada exclusivamente contra las autoridades ejecutoras, ilógicamente se pretendería la insubsistencia de otros actos de ejecución pretéritos que no figuraron como reclamados en el juicio; o bien, la invalidez de actos posteriores de aplicación de la ley, cuando ésta ni siquiera fue declarada inconstitucional. En consecuencia, cuando se reclama la negativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a resarcir a los quejosos de los perjuicios que les ocasionó la aplicación del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual ha sido declarado violatorio de garantías por jurisprudencia de este Alto Tribunal, el efecto de la protección constitucional no podría llevarse al extremo de afectar el primer acto de aplicación de dicha disposición emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social acaecido cuando los quejosos eligieron voluntariamente su régimen pensionario, a fin de que a partir de ese momento se les desaplique dicho precepto, ya que ello equivaldría a dar, incluso, mayores efectos restitutorios de los que se obtendrían con un amparo contra leyes, el cual aun teniendo una fuerza expansiva más allá del acto de aplicación enjuiciado, no logra afectar actos de concreción de la ley ocurridos con anterioridad al primer acto lesivo de la norma cuestionada. Por tanto, ante la imposibilidad de dar efectos restitutorios al amparo contra un ulterior acto de aplicación del citado artículo octavo transitorio procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 80, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario.

En el mismo sentido[3]:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 83/2011, para estimar que si el trabajador no impugnó el artículo octavo transitorio citado cuando eligió su régimen pensionario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni reclamó el ulterior acto de aplicación de dicho precepto derivado de la resolución dictada por el Instituto cuando lo pensionó, nada le impide reclamar el sucesivo acto de aplicación del propio precepto cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le informa oficialmente que esa dependencia dejó de administrar los recursos aportados a su subcuenta de vivienda, por haberlos transferido al Gobierno Federal, vía Tesorería de la Federación, ya que es hasta ese momento en el que el INFONAVIT asume formalmente frente al trabajador la responsabilidad que tuvo en el cambio de destino de tales sumas de dinero, comunicándole, fundada y motivadamente, el destino final de esas aportaciones. En efecto, tratándose del amparo contra leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional solicitada contra un ulterior acto de aplicación se obtiene a partir de que se aduce, como un vicio propio del acto controvertido, el haberse apoyado en una norma calificada expresamente como violatoria de garantías, de manera que lo pretendido en este tipo de juicios es que el órgano jurisdiccional cumpla su obligación de aplicar esa jurisprudencia conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que la posibilidad de formular el mismo concepto de violación puede plantearse tantas veces como se aplique en perjuicio del quejoso la norma jurisprudencialmente declarada inconstitucional, más aún cuando la concreción del precepto provenga de distintas autoridades, pues lo que en estos casos se destruye es el acto fundado en la norma contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello puede acontecer todas las veces en que se reitere su aplicación. Esta posibilidad de impugnación en forma sucesiva obedece a que si el quejoso consintió la norma declarada inconstitucional por no haberla reclamado oportunamente, tendrá que impugnar en cada caso concreto el acto proveniente de las autoridades, a fin de que mediante una sentencia protectora se les obligue a respetar la jurisprudencia. Consecuentemente, si el trabajador consintió el artículo octavo transitorio referido, conserva su derecho para reclamar la inobservancia de esa jurisprudencia cuando el INFONAVIT le informe cuál fue el destino de las aportaciones de la subcuenta de vivienda que no le entregó, pues es a partir de este momento en que conoce que lo ahorrado para la obtención de vivienda se encauzó para sufragar el régimen de pensiones.

En consecuencia a manera de conclusión, si no se interpone juicio de amparo en contra de una ley en el término legal dependiendo si es autoaplicativa o heteroaplicativa, es falso sostener que no se podrá hacer asequibles los beneficios de la declaración de inconstitucionalidad que se le efectúe ya que cualquier acto de autoridad que implique invocar su aplicación estará viciado de anticonstitucionalidad. Finalmente cito el criterio aislado más reciente en la materia aquí tratada[4]:

AMPARO CONTRA LEYES. PARA QUE PROCEDA TRATÁNDOSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA, SE REQUIERE DE LA MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL PRIMERO O LA CREACIÓN DE UNA NUEVA. En términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, cuando se pretende impugnar una ley con el carácter de heteroaplicativa, solamente procederá la acción constitucional con motivo de su aplicación, lo que significa que únicamente es factible controvertir la ley cuando ésta se actualice, y no en relación con el segundo o posterior acto de molestia, a menos que los restantes se funden en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto, sólo atañe a dicho acto y no a la ley; en tal virtud, cuando se intenta combatir una norma jurídica a través de la repetición del primer acto de aplicación o de uno relacionado con éste, pero no se modifica o crea una nueva situación jurídica distinta a la generada con el primero, es evidente, que sólo se está en presencia de uno relacionado con éste, lo cual no legitima al quejoso para controvertirlo a través del juicio de garantías.

(El énfasis es nuestro)


[1] Época: Novena Época, Registro: 192846, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 112/99, Página: 19

[2] Época: Novena Época, Registro: 161837, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 83/2011, Página: 256

[3] Época: Novena Época, Registro: 161830, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 92/2011, Página: 298

[4] Época: Novena Época, Registro: 174944, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común, Tesis: IV.1o.A.7 K, Página: 1131

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