Arturo Accio Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara; actualmente, es socio de la firma de consultoría “ASMX Group”.

Con base en la entrada antes transcrita, es clara la suma relevancia de tomar atención a este nuevo marco de responsabilidades, el cual requiere instauración y gestiones tendientes a la prevención, pero sobre todo, al cumplimiento de diversos dispositivos federales o locales para evitar la comisión de delitos, a lo que se le ha llamado como “compliance penal”, es decir, al conjunto de políticas internas que permitan a las empresas prevenir una responsabilidad de esa naturaleza y, en su caso, mitigar la responsabilidad o guiarla en los momentos de crisis.  

Tomando en cuenta que la responsabilidad penal de las personas morales no es para castigarlas como personas naturales, siguen siendo virtuosismos jurídicos, no tienen la capacidad de actuar por sí solas.  Estas medidas legislativas tienden a identificar a las personas físicas que obraron en contra o fueron omisas en el cumplimiento de la ley, teniendo como resultado el beneficio de la empresa y, una vez acreditado, a esta última por ser el medio o herramienta donde quedan los beneficios, se busca con los tipos de sanciones penales resarcir los daños ocasionados e, inclusive, extinguir su personalidad jurídica de ser necesario para inhibir la continuidad de conductas delictivas. Estos son algunos de los problemas doctrinarios que enfrentarán nuestros tribunales para determinarlos con precisión.

 

La importancia del “Cumplimiento Penal”, constituye propiamente la creación de una autorregulación y la adopción de medidas encaminadas a prevenir los delitos, tomando en consideración tanto las características particulares de la empresa como las disposiciones aplicables. Por ejemplo, los programas deben tomar en cuenta, entre otros, el tamaño de la organización, e incluir políticas para promover una cultura de legalidad, implementar mecanismos de supervisión por parte de personal calificado, evitar la delegación de poderes discrecionales, así como los procedimientos disciplinarios.

 

Es importante adoptar un Gobierno Corporativo ad hoc, para crear estructuras adecuadas, regular y vigilar los procedimientos de la empresa y ajustarlos de acuerdo a los riesgos expuestos por las actividades de la empresa; por ejemplo, mediante la designación de apoderados debidamente capacitados en su campo de acción y responsables en momentos de crisis, así como la instauración de un protocolo de apoderados para procedimientos penales, en razón de ser ellos el conducto a través del cual las autoridades conocerán la versión de la sociedad acerca de su funcionamiento.

 

En el párrafo anterior, anticipé la necesidad de crear mapas de riesgos para diseñar programas adecuados para las organizaciones en relación con las actividades que realizan y sus procesos internos, especialmente los que puedan implicar su acción u omisión en delitos. Como resultado de este análisis, deben elaborar manuales de procedimientos de operación, describiendo los pasos en su desarrollo en estricto apego a lo establecido en la legislación -sea formalmente una ley, reglamento, norma oficial mexicana, entre otras-. Se deben limitar e identificar las responsabilidades de los operadores, representantes y funcionarios para efectos de estar en posibilidad de deslindar  las responsabilidades ante un siniestro con consecuencias penales, e incluso, de la inobservancia de sus obligaciones establecer un sistema de sanciones a los funcionarios para la prevención; de esta forma se adecuarán al cumplimiento.

 

Encontrándonos involucrados en una situación de carácter penal, como una recomendación procedimental, es la creación de una especie de guía de conducción de empleados, apoderados, funcionarios o representantes.  Para poder desahogar cada paso del proceso adecuadamente, recordemos que el artículo 421 del CNPP, contempla que se podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido;  las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción, que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas, no afectará el procedimiento contra las personas jurídicas, salvo en los casos en que la física y la jurídica hayan cometido o participado en los mismos hechos delictivos.

 

En general, los programas de «compliance» no solamente abarcan intereses en el ámbito interno de la empresa, también se incluyen intereses de los socios comerciales, de terceras personas, -tales como proveedores, acreedores, bancos, y los más importantes, los consumidores-, así como intereses sociales, como sería el cuidado del medio ambiente. Esta variedad de objetivos tienden de manera similar a cambiar su contenido, debido a su estructura, actividades, conformación, etcétera, pero siempre el común denominador es el cumplimiento. En lo personal se puede establecer un programa de cumplimiento bajo los siguientes elementos estructurales:

 

  • Definición y comunicación de los valores que deben ser respetados dentro de la empresa.
  • Delimitar las responsabilidades en cada nivel de mando y crear un órgano de vigilancia que ayude en caso de dudas de los integrantes de la organización.
  • Creación de sistemas para el descubrimiento oportuno, o en su defecto, el esclarecimiento de los delitos, basados en el control interno a personas, actividades y objetos.
  • Constante adaptación permanente y mejoramiento de los respectivos programas.
  • Evaluación del programa por externos.
  • Medidas internas para sanción de incumplimientos y abusos.
  • Creación de estructuras que estimulen la ejecución.

 

Recuerde, hoy no tienen mayor relevancia argumentos como la existencia de una falta de control por parte de los directivos y el consejo para evitar responsabilidades, al contrario, es necesario para poder atenuar las sanciones de acuerdo con el propio texto del CNPP.  La implementación de sistemas de prevención penal es una obligación, si bien no establecida como tal en la legislación, sí lo es, tomando en cuenta las consecuencias que implicaría no hacerlo. El “crimminal compliance” llegó para quedarse, así cualquier empresa debe establecer las medidas necesarias para delimitar sus responsabilidades, y sobre todo, demostrar su política de cumplimiento cabal de los ordenamientos sobre su actividad y empleados para evitar funestas consecuencias jurídicas.

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