La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó a las autoridades mexicanas en franca protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por ello, se trató de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente. Principalmente recae en su mayoría quienes tienen en sus manos la impartición de justicia, sean jurisdiccional como no jurisdiccional. Entre otras cuestiones, el replanteamiento de categorías de pensamiento utilizadas tradicionalmente, fue un parte aguas, y un cambio paradigmático en el sistema de protección de los derechos humanos en México.

En esta ocasión, su amplitud es interesante, pues en el caso concreto se cuestiona su aplicación a reglas de carácter inferior a las propias leyes, ni se diga a nuestra Carta Magna. Tomando en cuenta su mandato, no se tiene impedimento alguno para el alcance de su aplicación de determinadas normas inferiores, como lo contempla el texto de la propia tesis, más aún cuando surgen y regulan por la existencia de «cláusulas habilitantes» contenidas en leyes formal y materialmente hablando.

Así fue resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la siguiente tesis:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
VIII-P-SS-187

CONTROL DIFUSO. ES POSIBLE REALIZARLO RES­PECTO DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL INFERIORES A LA LEY.- Si bien a partir de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de ha­cer respetar los derechos humanos establecidos en la pro­pia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se encuentra facultado para ejercer el control difuso de constitucionalidad y/o convencio­nalidad, no existe impedimento legal alguno para que dicho ejercicio pueda realizarse, respecto de normas de carácter general inferiores a la ley e incluso a los reglamentos, que hayan sido aplicadas o que sea necesario aplicar, en el acto administrativo impugnado a través del juicio de nulidad. Lo anterior en razón de que, al tratarse de actos materialmente legislativos, que se emiten por virtud de cláusulas habilitan­tes establecidas en las leyes correspondientes, cuya finali­dad es pormenorizar y desarrollar el contenido de estas, y que por tanto, deben cumplir con los requisitos de reserva de ley y subordinación jerárquica; es factible que a pesar de ser legales dichas normas inferiores por no violentar estos principios, sí puedan contravenir directamente alguno de los derechos humanos tutelados en la Constitución Federal o los instrumentos internacionales, de ahí que para cumplir cabalmente con el mandato establecido en el referido ar­tículo 1° de la Carta Fundamental, de hacer prevalecer los derechos humanos, a pesar de las disposiciones en contra­rio que puedan preverse en los ordenamientos inferiores, es de concluir que el ejercicio del control difuso puede abarcar a todas las normas generales, que funden los actos que se controvierten ante este Tribunal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 186/17-06-02- 6/1689/17-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Admi­nistrativa, en sesión de 15 de noviembre de 2017, por una­nimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas.

(Tesis aprobada en sesión de 7 de febrero de 2018)

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