Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C. Twitter: @RCEmx

Mediante comunicado del día 25 de Junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de resolver sobre los desistimientos por parte de la PGR y SHCP respecto a la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito paso al análisis sobre la constitucionalidad del delito fiscal equiparado que se comete por la omisión de más de doce meses de presentar sus declaraciones de impuestos, del acul emitiré mi propia reflexión al respecto, dón manifiesto mi total desacuerdo.

Explicaré en breve lo sucedido en la sesión, el máximo Tribunal analizó la constitucionalidad del artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación (CFF) sobre el cual establece que será sancionado con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal quien sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente:

Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

Resolviendo que precepto no vulnera el principio de taxatividad, esto es, es una norma con un tipo preciso, por lo que es constitucional. No obstante, en la siguiente sesión, el Pleno precisará si, para que se configure dicho delito, es necesario que el contribuyente omita presentar, por más de doce meses, tanto las declaraciones que tengan carácter de definitivas, como las de un ejercicio fiscal, dejando en ambos casos de pagar la contribución correspondiente; o bien, si basta con que se actualice sólo uno de esos supuestos. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo coincidir con el proyecto en el punto de que el artículo que se tacha de inconstitucional no lo es, “estimo que el Artículo 109 es constitucional”. Mientras, la Ministra Norma Piña Hernández coincidió con el proyecto en que el Artículo 109, fracción V, no es inconstitucional, y tampoco es violatorio del principio de taxatividad. “Coincido con el proyecto en las premisas que sustenta, en el sentido que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación deber ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella”.

El elemento valorativo que se analizo tiene que existen ese tipo de obligaciones, pues la la existencia de las especies de declaraciones, definitivas y anuales, puede suceder que nunca ocurra, pues existen contribuyentes exentos del Impuesto al Valor Agregado, como ejemplo de declaraciones definitivas, por lo tanto estos sino presentan sus declaración anual por más de doce meses entonces, nunca cometería este delito. También se expuso otros supuestos, que una persona que tribute en los tres impuestos, al Valor Agregado, Especial sobre Productos y Servicios y Sobre la Renta, bastará que presente alguna de declaración correspondiente a alguno para que no se presente el tipo. Se determinó que de acuerdo con la exposición de la modificación al precepto, el legislador es que se contemplen los declaraciones definitivas mensuales queden incluidas, pero no necesariamente deben ser una condición del tipo penal, esto es, sólo la incluyo por su naturaleza especial. Con lo que se cumple con exacta aplicación de la ley penal  el principio de taxatividad, lo que se definirá el próximo jueves.

Pero desde mi apreciación, lo mejor una reforma al texto del precepto o bien una interpretación bajo el escrutinio de un control abstracto; me explico, la SCJN es la que mediante esta conclusión separa los dos elementos: (i) declaraciones definitivas y (ii) declaración anual, situación que no es debida, aun fuera necesaria pero no justifica hacer a un lado el sentido gramatical, pues como está la redacción se debe omitir por más de doce meses la presentación tanto de las declaraciones definitivas mensuales como la de la anual, que la intención de la legisladora fue otra, entonces que se modifique en aras de respetar el principio de taxatividad. El problema es claro, estamos ante una violación a un derecho humano, pues al legislador le es exigible la emisión de normas clara y precisas, en este caso, el supuesto y sanciones, por lo que el tipo penal en tema debe estar mejor redactado. Debiese tomarse no una apreciación subjetiva por derivar de un amparo indirecto como justificadamente lo está haciendo nuestro máximo tribunal, sino debe aplicarse un control abstracto donde la norma debe ser tan explícita que no exista lugar a dudas y declararse la inconstitucionalidad.

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