Rafael Amador Espìnosa
Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, es especialista en Propiedad Intelectual y es asociado en «Ramos, Ripoll & Schuster Abogados»
Twitter: @JRafaelAmador

Los Conocimientos Tradicionales (“CCTT”) de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) es un “cuerpo vivo de conocimientos que es creado, mantenido y transmitido de una generación a otra dentro de la misma comunidad, y con frecuencia forma parte de su identidad cultural y espiritual[1]. Esta definición de CCTT es otorgada en sentido amplio, ya que: “abarcan los conocimientos, la experiencia, las capacidades y las prácticas que se enmarcan en un contexto tradicional, se transmiten de generación en generación, y forman parte del modo tradicional de vida de comunidades indígenas y locales, quienes cumplen la función de guardianes o custodias[2].

Los CCTT engloban las llamadas Expresiones Culturales Tradicionales (“ECT”) que comúnmente se denominan como “folclor”, aunque esta palabra tiene una connotación negativa[3], para fines prácticos entendemos a las ECT como las formas en la que se materializan los CCTT. Es necesario entender que los CCTT y las ECT hacen referencia al patrimonio cultural de comunidades indígenas u originarias. Resulta importante distinguir este origen para su reconocimiento y respeto, aunque no significa que necesariamente que el conocimiento sea viejo o estático.

En México, existen algunas propuestas que han puesto en la mira la preservación y protección de estos activos y que resultan ser el motivo principal de este artículo, del cual no podríamos abordar sin antes no entender el contexto.

Así pues, además de la protección que podríamos llamar natural que otorgan las leyes de la propiedad intelectual en nuestro país a los CCTT y sus expresiones, como pueden ser los Derechos de Autor, las Marcas, las Marcas Colectivas, las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen, las Patentes o los Secretos Industriales, recientemente han existido algunas iniciativas relevantes en esta materia:

La primera se trata de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales promulgada en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 19 de junio de 2017 y su Reglamento, recientemente publicado en el DOF con fecha 29 de noviembre de 2018, basados en las reformas de 2009 a los artículos 4 y 73 fracción XXIX – Ñ de nuestra Constitución. Estos documentos, aunque bastante genéricos en cuanto a sus obligaciones (empezando por la definición de cultura[4]), entre otros temas, reconocen como derecho humano, el derecho de acceso a la cultura y derechos culturales que emanan de la Constitución. Asimismo, es de aplaudir los esfuerzos para catalogar los CCTT y sus expresiones en nuestro país, pues particularmente platean la creación de un Sistema Nacional de Información Cultural, lo que por supuesto contribuye a su respeto y protección.

Ahora bien, la segunda que apuntamos es la Ley que crea al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (“INPI”) en el DOF el día 4 de diciembre de 2018, que viene a sustituir a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que establece como obligación del INPI, entre otros, el apoyo a los procesos de reconocimiento, protección, defensa y conservación de los bienes de pueblos indígenas y afromexicanos[5]; coadyuvar en la atención y resolución de conflictos en las regiones indígenas y afromexicanas; y realizar, publicar, difundir y promover las investigaciones y estudios relativos a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como conservar los acervos del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas y afromexicanos. Lo anterior se traduce en el reconocimiento del Estado Mexicano de obligaciones de protección, reconocimiento y fomento a los CCTT y sus expresiones por comunidades originarias.


Existe una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos

Por último, resaltamos una reciente iniciativa presentada ante la Cámara de Senadores en noviembre 2018, bajo el título: “Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos”. Bajo esta iniciativa se reconoce las limitaciones que puede llegar a tener la Propiedad Intelectual para la protección de los Conocimientos Tradicionales y sus expresiones en México, así como la necesidad de autenticar el folclore, la necesidad de compensar los daños culturales, así como responde al temor de que estas expresiones queden rezagadas ante la internacionalización y la modernidad en nuestro país.

Por lo que, la iniciativa prevé reconocer como inalienables, indivisibles e imprescriptibles los “Derechos Colectivos de Propiedad Intelectual” de los pueblos indígenas y Afromexicanos en tanto sus conocimientos, cultura, identidad, manifestaciones materiales e inmateriales, sin que medie un procedimiento administrativo para efectos constitutivos, i.e. un registro. Sin embargo, para su uso comercial o industrial si es necesario inscribir el contrato de licencia de uso bajo esquemas de remuneración justa y derecho de atribución, siempre y cuando se trate de bienes no disponibles públicamente. Los bienes no disponibles públicamente son aquellos clasificados como tales en el Inventario Nacional o que estén claramente asociados con sus titulares o custodios, lo que representa una gran complejidad. En cuanto a la inscripción, presumimos que debe realizarse ante el INPI, aunque deberá ser modificada su propia reciente ley para otorgarle esta atribución.

Los aspectos más positivos de esta iniciativa desde nuestro punto de vista son dos, el primero es la creación del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano que quedaría a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (“INAH”) como un capítulo en el Sistema Nacional de Información Cultural creado por la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y su reglamento, que previamente señalamos. El segundo aspecto, es el establecimiento de un delito especial para quien haga apropiación, uso o reproducción indebida o no autorizada de manifestaciones culturales no disponibles de acuerdo con la Ley de Salvaguardia con una sanción de dos a seis años de prisión. Por lo que a nivel comercial se deberá utilizar de manera correcta los CCTT y sus expresiones bajo principios de respeto y autorización.

En conclusión, no cabe duda la importancia que tienen los CCTT y las ECT, no solo para el desarrollo y vida económica de las comunidades originarias, sino del desarrollo e identidad del país al que pertenece. Consideramos que el acercamiento de la Ley de Salvaguardia es una muy buena intención para darle una protección sui generis en México, sin embargo, todavía falta realizar desde nuestro punto de vista algunas adecuaciones y la aprobación de las Cámaras para hacer funcionar esas buenas intenciones.


[1] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Curso de Enseñanza a distancia de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales Tradicionales y Recursos Genéticos, Módulo 1, p. 2

[2] Ibid.

[3] Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Curso de Enseñanza a distancia sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales Tradicionales y Recursos Genéticos, Módulo 1, p. 6.

[4] Cfr. Artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

[5] Cfr. Artículo 4, fracción XV de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

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