Arturo Accio Paredes Santana Licenciado en Contaduría Pública, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara; actualmente, es socio de la firma de consultoría “ASMX Group”.

Derivado de las acciones que están llevando las autoridades laborales en tema de inspección, se comienzan a determinar una serie de sanciones de acuerdo con el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, es un tema muy delicado, pues sus importes son elevados y con su acumulación pueden sobre pasar la capacidad económica de muchos negocios.

Tenemos que recordar que en el referido reglamento ni en la Ley Federal de Trabajo se contempla, alguna figura que prevea la posibilidad de condonar o reducir las multas derivadas de una inspección laboral. Es más, las autoridades laborales sólo tiene la posibilidad en este tema a determinarlas y notificarlas, incluso, no pueden cobrarlas.

Es así porque estas sanciones son aprovechamientos, y precisamente por esa naturaleza son recaudadas y cobradas por las autoridades fiscales, sean federales o estatales mediante convenio de coordinación fiscal competentes.

Así, en el caso de que las sanciones económicas impuestas se consideran improcedentes, se pueden impugnar a través del recurso de revisión, mismo que se interpone ante la autoridad emisora, será resuelta por el superior jerárquico, y el plazo para presentarlo es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiese surtido efectos la notificación de la resolución recurrida, de conformidad con los artículos 65 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones; y de los 85 y 86, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo), o interponer un Juico Contencioso Administrativo ante el TFJA, por la vía sumaria o la ordinaria, siendo aplicable esta última cuando el importe de la resolución rebase las 15 veces la UMA elevada al año, equivalente a la fecha de esta publicación a 475,668.00 pesos; ambos dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la resolución impugnada.

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