Erick Gabriel Cantú Sosa
Licenciatura en Derecho por la
Universidad Panamericana.
Socio de la firma
«Cantú & Jáuregui Abogados»

El gobierno de nuestro país –abarcando desde luego los tres distintos niveles de competencia en la administración pública, como lo son el municipal, estatal y federal– también denominado como la administración pública, tiene la obligación, como lo indica nuestra Constitución Política Federal, de realizar toda clase de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes y servicios mediante procedimiento de licitación pública.

Ahora bien, ¿qué debemos entender por licitación pública? La Real Academia Española la define como: “sacar algo a subasta o concurso públicos”. Así, para efectos prácticos, se trata de una oferta al público para la venta o adquisición de un bien o servicio, en donde todos los postores participantes realizan una propuesta técnica y económica, y la mejor de éstas es la ganadora para contratar el producto o servicio solicitado públicamente.

Afirma Peña Ugalde (2005):

“Como hemos mencionado, existe un amplio número de dependencias, organismos e instituciones dependientes del gobierno federal; asimismo señalamos que cada una tiene requerimientos específicos de bienes y que las condiciones propias inherentes a la actividad de cada dependencia, permitían que las adquisiciones fueran un verdadero desorden: favoritismos, corrupción, incumplimientos, fraudes y requerimientos innecesarios entre otros, aparte de no garantizar el pago del precio justo por los bienes.”

Y se podrán preguntar: ¿en qué puede interesar a los empresarios nacionales e internacionales la compra o contratación con el gobierno? Pues he ahí la incógnita y su respuesta a continuación, se trata del mayor consumidor del país, ya que en número o volumen no hay quién se le equipare.

La Administración pública es la compradora mayorista por excelencia, requiere de todo tipo de bienes y servicios. Por ende, se concluye que la suma requerida por el gobierno tanto de los productos o prestaciones resulte el atractivo de las llamadas licitaciones públicas. Por ejemplo, en el periodo de enero a septiembre del año 2015, la Comisión Federal de Electricidad realizó adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios por un total de $24,737’650,000.00 (veinticuatro mil setecientos treinta y siete millones seiscientos cincuenta mil pesos), tal y como el mismo ente lo publicó en su página web oficial:

¿Dónde se puede licitar?, ¿a quién se puede acudir?  Básicamente todo ente público, ya sea una empresa paraestatal, gobiernos municipales –direcciones o coordinaciones de todos tipos-, gobiernos estatales y gobierno federal –en sus secretarías de todos los ramos respectivamente- al momento de requerir o necesitar un bien o servicio comunican la insuficiencia al encargado de los recursos públicos, y así se inicia el procedimiento administrativo de licitación pública. Sin embargo, dado su tecnicismo en cuanto a las formalidades en que se desahoga dicho procedimiento, es que se torna compleja la participación de las empresas privadas para ofertar y resultar apto para la contratación. Hablamos de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los municipios de los Estados de la República, los Estados de la República, el Gobierno Federal, por nombrar algunos ejemplos.

Cuando se habla de los tecnicismos en los que se envuelve el desarrollo de las licitaciones públicas, nos referimos a las etapas por las que se deben pasar y las formalidades que se deben acreditar, pues no es comprar o vender “así como así”, recordemos que se habla de la utilización de recursos públicos, los cuales se encuentran reglados en la forma de su utilización adecuada en beneficio de la población.

Tenemos dos grandes aspectos relevantes a comprender en su perspectiva legal, consistentes en: uno, la naturaleza del procedimiento a seguir, que se puede tratar de una de las modalidades de licitar, las cuales a grosso modo consisten en tres tipos: la licitación pública, la invitación restringida a cuando menos tres proveedores y la adjudicación directa; mientras que el segundo de los matices a delimitar, consiste en cumplir con lo requerido en cada procedimiento y el desahogo de las etapas de las cuales se conforma el mismo.

Siguiendo la misma cronología planteada anteriormente, primero se detallarán las modalidades en que se puede suscitar el procedimiento administrativo de contratación para la compra o prestación de un bien o servicio según sea el caso.

El procedimiento inicia en la misma dependencia pública, al momento en que el encargado de ejercer una función, carece de un bien o servicio necesario e inherente para el desarrollo de la función pública que detenta y así, el órgano encargado de suministrar bienes o servicios, recibe el reporte por el área correspondiente sobre el déficit en un producto o servicio. Lo siguiente es la comunicación interna del gobierno para informar sobre la ausencia de un elemento que le incumbe y afecta en su servicio público como tal.

El órgano gubernamental debe analizar el comunicado con el quórum legal necesario, y aprobar en primer lugar, si resulta o no necesario el servicio o producto y la modalidad en que se adquirirá, si será mediante licitación pública, invitación restringida cuando menos a tres participantes o, en su caso, adjudicación directa. Se preguntarán: ¿en qué se basan para poder saber por cuál procedimiento se puede optar?, dependerá de las circunstancias del servicio o bien necesario –si se trata de una urgencia o no, y por otra parte, por los montos pecuniarios previstos para la contratación- y de los proveedores que tengan; y finalmente si se hará mediante recursos propios o a través de la contratación de deuda.

Posteriormente, en el caso de contar el órgano con recursos propios para contratar, procederá con las etapas del procedimiento de adquisición, o cuando no se cuenta con recursos propios, se inicia con el procedimiento ante algún organismo financiero para la contratación del crédito o empréstito, y se exhibe la documentación financiera que prueba la solvencia del ente y su capacidad económica para hacer frente a la obligación del pago del crédito por adquirir.

Así es entonces que el gobierno se encuentra en condiciones de dar inicio al procedimiento de adquisición, ya sea mediante licitación pública, invitación a cuando menos tres invitados o adjudicación directa de ser el caso.

Primero lo primero: el procedimiento de licitación pública. La famosa licitación pública, a diferencia de las dos formas restantes de contratación, da inicio mediante su respectiva convocatoria al público en general, para que adquieran las bases correspondientes los interesados en participar, donde se detallan las cuestiones técnicas que se buscan y la manera en que se efectuará la participación por parte de los particulares, es decir, la forma en que se desarrolla el procedimiento y las reglas esenciales para participar dentro del mismo.

Después de la convocatoria, se viene la fecha de una junta con la dependencia pública, denominada “junta de aclaraciones”, en la cual, como no es difícil anticipar por su propio nombre, se trata de una reunión de los interesados en participar y el órgano licitante, en la que se plantean cuestiones técnicas, legales y económicas sobre cómo debe ser su participación y el cumplimiento de las bases para evitar ser descalificados por formalismos.

La siguiente etapa es la de presentación de propuestas técnicas y económicas por parte de los participantes, en donde conforme a los requerimientos de las bases son mostradas las mismas, y así, el órgano público tenga plena certeza en que recibirá las mejores condiciones de contratación del mercado, realizando un comparativo de aquellos que cumplen con las formalidades.

La próxima fase consiste en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas; en ese orden, pues quienes no logren pasar de la primera, no serán aptos para el estudio de su propuesta económica. Lo anterior se elabora por medio de un dictamen en donde se formula un cuadro comparativo y en el cual se evidencia el cumplimiento o incumplimiento por parte de los participantes de los requisitos y formalidades exigidos en las bases de la licitación.

El paso siguiente es el análisis del dictamen, y así, conforme al quórum requerido legalmente, se vota y dicta un fallo de adjudicación por parte del órgano público, en el cual se puede declarar uno o varios ganadores, al resultar conveniente por sus diversos beneficios entre ellos, o puede determinarse declarar desierta la licitación por no haber un participante óptimo técnica y/o económicamente conforme a lo solicitado en las bases.

Para finalizar, se culmina el procedimiento mediante la firma de un contrato o una orden de compra, según sea el caso, en términos de las propuestas técnicas y económicas que resultaron adjudicadas en el fallo y para ello se exige la exhibición de una garantía a favor de la Administración Pública por requisito legal, y por su parte el cumplimiento en estricto apego a la contratación efectuada so pena de la ejecución de la garantía exigida.

Invitación restringida a cuando menos tres participantes o la adjudicación directa. Estos dos procedimientos, resultan similares en mayor parte al de la licitación pública, sin embargo, están exentos de llevar a cabo una convocatoria al público general.

Ambos procedimientos resultan especiales, pues se puede contratar por dichos procedimientos, bajo responsabilidad de los servidores públicos, en casos de excepción, como lo es la urgencia por un evento circunstancial, la existencia de una patente en términos de la legislación de propiedad industrial, así como por los montos menores previstos según la legislación bajo la cual se rija el ente público contratante. De manera ejemplificativa tenemos situaciones en donde la Administración Pública requiere de una actuación pronta y eficaz, o cuando por su monto no requiere de una adquisición tan formal como para hacerlo públicamente, en beneficios de la población, como en una epidemia en la que se necesita de una vacuna específica para salvar vidas, una patente de una medicina, la compra de  tres lápices, etcétera.

La diferencia entre los dos procedimientos es que, por su parte, la invitación restringida se trata de un procedimiento en donde de manera limitada, por la especialidad en cuanto al servicio o bien, existen pocos proveedores en todo el país o mundo, o puede ser por tratarse de un monto bajo que marque concretamente la legislación bajo la cual se efectúe el procedimiento conforme le competa al órgano público. En este procedimiento se les envía una invitación a los aptos conforme a lo requerido, y estos presentan sus respectivas propuestas técnicas y económicas, para así finalizar mediante un fallo en donde se declare un ganador.

En la otra mano, tenemos a la adjudicación directa, que por tema de urgencia y/o monto de la contratación, no resulta necesario invitar a diversos participantes, sino a un único, el cual debe de ofertar su proposición técnica y económica, y de ser aceptada por la dependencia pública, se procede a la contratación.

Podemos concluir que, por una parte, es una oportunidad para todo prestador de servicios y vendedor de productos el acercarse a los órganos de gobierno y que por su necesidad y consumo resulta muy atractivo en volumen, pues evidentemente hay una gran insuficiencia. Sin embargo, lo recomendable es estar bien asesorado, para evitar que por cuestión de formalidad y participación, el particular sea descalificado.

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