Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización
para Ejecutivos; Diplomado en Estudios Avanzados
en Derecho Administrativo por la
Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana, Instituto de Especialización para
Ejecutivos y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»
Twitter: @RCEmx

Las recientes noticias nacionales comentaron sobre el dictamen aprobado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federales contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional; así como de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, del Fiscal de la Federación y Penal Federal; pero, finalmente hoy fue publicado.

De acuerdo con las consideraciones de los diputados, por la defraudación fiscal y la facturación falsa, el Estado Mexicano perdió un monto de 2 billones de pesos en los últimos cinco años, situación alarmante que se pretende cambiar, razón de la enérgica reacción, pero suficiente para ser justificada. Recordemos que, uno de los aspectos principales buscados por parte de estas reformas es aplicar a este tipo de actos antijurídicos el carácter de delincuencia organizada, con el fin de proceder con la prisión preventiva.

La prisión preventiva es una medida cautelar (la más restrictiva de las medidas cautelares a disposición del Estado), que siempre debe atender un fin legítimo de carácter procesal: asegurar la comparecencia de la persona imputada al procedimiento penal y controlar otros riesgos procesales como los son la obstaculización de las investigaciones y la puesta en riesgo de la integridad de víctimas y testigos, tal y como lo establece la primera parte del párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Sin embargo, su imposición siempre debe partir del principio de presunción de inocencia y estar motivada por las circunstancias del caso concreto, a través de un examen individualizado sobre los riesgos procesales por parte del órgano judicial correspondiente y con independencia del delito por el cual se procesa a la persona imputada. Esto fue platicado en el Mago Evento de «Fiscalística – En entorno 2019» desde el mes de febrero, por el Licenciado Marco del Toro Carazo, este es el vídeo de la conferencia completa:

La prisión preventiva genera un desequilibrio insalvable entre la persecución penal eficaz y los derechos de la persona imputada. El cual comienza porque un sistema de investigación en el modelo procesal acusatorio, supone que para realizar la cautela del proceso no se requiera un estándar tan alto para imponer una medida, como lo es el estándar necesario para condenar a una persona. La salvaguarda de que el estándar no sea tan alto, se relaciona con la posibilidad de permitir un debate sobre el riesgo procesal, por eso, si se impide ese debate y la consecuencia de iniciar formalmente el proceso es la prisión preventiva oficiosa, se genera dicho desequilibrio.

Esta es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva, daña la naturaleza procesal de la medida cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso, al tiempo que compromete otros derechos básicos como el relativo a la integridad personal. Sin embargo, en el paquete de la miscelánea fiscal-penal se dan los elementos legislativos para que determinados delitos fiscales puedan ser tomados como delincuencia organizada, y por tanto, pueda imponer la prisión preventiva, burlando los derechos humanos y el mandato constitucional. El día de hoy, 8 de Noviembre, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que «Se Reforman, Adicionan y derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, veamos como quedaron estos cambios:

Equiparan el contrabando y sus equiparables con delincuencia organizada

[Adición de la fracción VIII, del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO)]

Serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada, quienes cometan el delito de contrabando (102 del CFF) y los supuestos de contrabando equiparado defraudación fiscal equiparada (105 del CFF).

Equiparan la defraudación fiscal con delincuencia organizada

[Adición de la fracción VIII Bis, del artículo 2, de la LFDO]

Serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada, quienes cometan el delito de defraudación fiscal (108 del CFF) y los supuestos de defraudación fiscal equiparada (fracciones I y IV del 109 del CFF).

Equiparan la compra venta de facturas falsas con delincuencia organizada

[Adición de la fracción VIII Ter, del artículo 2, de la LFDO]

Serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada, quienes expidan o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Pero sólo cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, superen 7 millones 804 mil 230 pesos, el equivalente a  tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del CFF.

Se califica como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco

[Adición de la fracción XIII, del artículo 5, en la, la Ley de Seguridad Nacional (LSN)]

Serán considerados como amenaza a la seguridad nacional, los actos ilícitos en contra del Fisco Federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Tomando en cuenta que dicho artículo también fue modificado, se está haciendo referencia a los actos ilícitos siguientes:

  • Contrabando y su equiparable.
  • Defraudación fiscal y su equiparable.
  • La expedición venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados.
  • Actualmente no están considerados estos actos ilícitos como amenaza a la seguridad nacional.

Establecen prisión preventiva para determinados delitos fiscales

[Reforma al artículo 167 del (CNPP)]

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Se adiciona al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los siguientes previstos en el CFF:

  • Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados.
  • Defraudación fiscal y su equiparable, cuando se superen tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del CFF, exclusivamente cuando sean calificados.
  • La expedición venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados, de conformidad con el 113-Bis del CFF, sólo cuando se superen tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del CFF.

Se consideran improcedentes los acuerdos reparatorios

[Reforma al artículo 187 del CNPP]

No serán procedentes los acuerdos reparatorios para los imputados para los casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 167, del CNPP.

Impiden la suspensión condicional del procedimiento para delitos fiscales

[Reforma al artículo 192 del CNPP]

La suspensión condicional del proceso será improcedente para los supuestos contemplados en las fracciones I, II y III del séptimo párrafo del artículo 167 del CNPP.

Implementan criterio de oportunidad para informantes de delitos fiscales

[Reforma el párrafo tercero del artículo 256 del CNPP]

En caso de delitos fiscales y financieros previa autorización de la Procuraduría Fiscal de la Federación es procedente el criterio de oportunidad, siempre y cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

Aumentan las sanciones para quien compre o venda facturas falsas

[Derogan la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación (CFF)]

Aumentan las sanciones para quien compre o venda facturas falsas

[Reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF)]

Se impuso una sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; y se establece sí como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF), se podrán perseguir simultáneamente.

Establecen una sanción para quien ofrezca facturas falsas

[Reforma al artículo 113 Bis del CFF]

Se castigará con las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Se establece la destitución e inhabilitación de servidores públicos

[Reforma al artículo 113 Bis del CFF]

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargos públicos. Si un funcionario o empleado público comete, o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión (97 del CFF). Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proceder penalmente por este delito.

Se agregan delitos fiscales con consecuencias para las personas jurídicas

[Adición de la fracción VIII Bis, al Apartado B del artículo 11-Bis, del CPF]

A las personas jurídicas se les impondrá algunas o varias de las  consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de determinados delitos contenidos en el artículo 11-Bis del CPF. Se incluyen los delitos relacionados con la compra, venta y ofrecimiento de facturas falsas descritos en el artículo 113 Bis del CFF. 

Resultan preocupantes estas reformas, ya que se pretende incluir al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada lo relativo a facturas falsas y a todo lo relacionado. Adicionalmente, se considerarán amenazas para la Seguridad Nacional, los delitos fiscales y el daño a la Hacienda Federal, al considerar que se genera desestabilidad en las finanzas públicas del país. Por otro lado, al contrabando, la defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada y a todo lo relacionado con comprobantes fiscales, se les considerará como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin tomar en cuenta que ello representa una violación del derecho a la presunción de inocencia, a las garantías individuales y del derecho a la libertad personal. Finalmente, adiciono este vídeo de otra conferencia del Licenciado Marco del Toro Carazo, este es el vídeo de la conferencia completa:

No hay la menor duda de que habrá mucha incertidumbre entre empresarios y contribuyentes, porque es un hecho que, en México hemos vivido etapas de «terrorismo fiscal» por parte del gobierno hacia los contribuyentes que por alguna razón han resultado afectados. Tratar ciertos delitos fiscales como delincuencia organizada, meritorios de la prisión preventiva oficiosa, trunca el desarrollo jurídico y corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial, a la vez que constituye una salida falsa que atenta contra los principios del paradigma de seguridad ciudadana.

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