Adrián Alfonso Paredes Santana

Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
Twitter: @COEMmx

Con el plan de acción número 5 de BEPS (Base Erotion Profit Shifting), la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pretende abatir las prácticas fiscales perniciosas que emplean la propiedad intelectual para poder trasladar los beneficios a regímenes o territorios con nula o baja imposición fiscal.  Para lograrlo se basa en demostrar dos aspectos medulares, la transparencia y la sustancia, los cuales se ven favorecidos dentro de las prácticas fiscales perniciosas por lo siguiente:

  • La existencia de los regímenes fiscales preferenciales que ofrecen condiciones impositivas ventajosas para las sociedades desarrolladoras de propiedad intelectual.
  • La concertación de acuerdos con las administraciones tributarias o “tax rulings”, y los efectos pueden ser mediante el empleo de subvenciones o beneficios estatales concedidos a determinadas actividades, como la investigación desarrollo.

Estos dos últimos aspectos tienen diferente naturaleza, motivo por el cual son analizados de forma independiente en el informe de la OCDE; sin embargo, al tener un común denominador la OCDE busca sentar las bases en ambos ámbitos para lograr una justa competencia entre los países. El de esta Acción 5 no eso homogeneizar los diferentes regímenes fiscales de cada país, sino crear una coordinación de todos los Estados miembros para reducir las distorsiones o implementaciones de incentivos u subvenciones que provoquen ventajas sobre los otros Estados miembros, y se creen lo elementos para las planeaciones fiscales perniciosas.

Se enfatiza como requisito para la consideración del régimen preferencial como perjudicial, que en éste exista una reducida o nula imposición efectiva, pero con esto no se resuelve el tema, no basta con identificarlos, lo importante demostrar la actividad económica sustancial. De esta forma, las bases impositivas no pueden ser creadas de forma artificial, ni mucho menos ser trasladadas de su origen a alguno de estos regímenes preferenciales, pues quien lo  pretenda tiene que justificar una actividad económica sustancial vinculada directamente en el régimen del país que concede esa condición de preferencia fiscal; partiendo de la premisa de que cada país es libre de establecer los incentivos fiscales que promuevan la inversión en la investigación y desarrollo. Se entiende que la actividad realizada goza de sustancia, y justifica la aplicación de un régimen fiscal preferencial, en función de la relación existente entre los ingresos y los gastos vinculados con el desarrollo intelectual. Por lo que OCDE contempla una fórmula para resolver el monto de esa relación: “los beneficios fiscales asociados al régimen únicamente resultarán aplicables a las rentas obtenidas de la explotación de la propiedad intelectual en función de la proporción existente entre los gastos cualificados y los gastos totales. Así, la actividad sustancial que justifica el acceso al beneficio se evalúa en función de la proporción resultante.

Ahora, respecto a la existencia de acuerdos con las administraciones tributarias a determinadas actividades de desarrollo, cabe mencionar que el informe aclara que se entiende por “tax ruling”, mencionando que se trata de cualquier asesoramiento, información o compromiso facilitado por una autoridad fiscal a un contribuyente específico o a un grupo caracterizado por su situación fiscal y en el que éstos puedan ampararse. El objetivo principal es la transparencia, misma queno implique una excesiva carga a las administraciones tributaria, la cual sea llevada por el intercambio de información básica relativa al “ruling”, mediante un estándar. Las  condiciones en las que se realiza el intercambio, tienen en primer lugar, la obligación de que la información sea tratada de manera confidencial y emplearse sólo para los propósitos específicamente habilitados; y en segundo lugar, gozan de una característica de independencia, esto es, que no se exige la reciprocidad en el intercambio de la información entre los países. Esto hace que éste plan de acción se encuentre a medio camino de sus objetivos, además de no establecer como ésta transparencia puede contribuir a la consecución de sus objetivos.

En conclusión, los regímenes preferenciales siguen siendo un tema que suscita controversias y preocupaciones, motivados fundamentalmente por el riesgo que supone su utilización para transferir artificialmente los beneficios y por la falta de transparencia en lo que respecta a ciertas fórmulas de  “tax ruling” o de acuerdos previos entre la administración tributaria competente y el o determinados contribuyente. Se ha alcanzado un acuerdo en torno a la existencia de nexo o criterio de sujeción que se remite al gasto como indicador de una actividad sustancial, que permite a cualquier contribuyente acogerse a un régimen preferente sólo cuando haya incurrido en gastos asociados a actividades de investigación y desarrollo. Respecto a la transparencia, se ha acordado implantar un marco de referencia bajo el que se incluyan todos aquellos acuerdos especiales celebrados para favorecer a un determinado contribuyente que pueda contribuir a la realización de posibles prácticas elusivas ante la falta de un intercambio espontáneo de información relevante de forma obligatoria. En México con la existencia de reglas de condición de deducción se aminora el daño, pues no podrán ser deducibles si en el otro país no son ingresos acumulables, tal como lo señala las fracciones XXIX y XXXI del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

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