Abogado por vocación; por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, Diplomado en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y docente en la Universidad Tecnológica de México.

Jurídicamente hablando, vivimos en tiempos muy interesantes; de cambios violentos, de sorpresas y a veces incluso de surrealismo.

Nunca en la historia reciente de nuestro país, los abogados nos habíamos enfrentado a retos tan desafiantes como ahora.

De alguna u otra manera, el gobierno se había manejado dentro de un marco de referencia común; había operado en lo general, dentro de las mismas reglas del juego, llámese la Constitución.

Lo anterior no quiere decir que los gobiernos anteriores siempre hubiesen sido respetuosos de la Constitución y nunca la hayan violado; sin embargo, no se habían despegado tanto de ella como actualmente se está haciendo.

Al respecto, tenemos que la evolución del Juicio de Amparo a flexibilizado en forma importante los medios de acceso al mismo, tanto en la práctica, a través del juicio en línea; como en el grado de afectación necesario para poder acudir al amparo con la introducción del concepto de interés legítimo.

Sin embargo, nuestro marco regulatorio, y el medio de defensa por excelencia el Amparo; no están preparados para combatir violaciones a la Constitución que afectan a todos los Mexicanos pero a nadie en lo particular.

Temas como el memorando donde se revoca la reforma educativa, la consulta popular, el ataque a las empresas por defender sus derechos, el ataque a los abogados por defender a empresas, el nombramiento de candidatos inelegibles a puestos de servicio público e impartición de justicia, el recorte arbitrario del presupuesto a organismos de defensa de derechos humanos, la extensión inconstitucional del período de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y tantos otros que nos han sorprendido y ofendido como Mexicanos y como Abogados; tienen la particularidad de que acreditar el interés jurídico es casi imposible y acreditar el interés legítimo es sumamente difícil.

En un esfuerzo de combatir estas violaciones a la Constitución son varios los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que han propuesto juicios de amparo con diferentes grados de éxito; sin embargo, hay organismos que han brillado por la ausencia de procedimientos. Los Colegios de Abogados.

De un análisis de la Ley de Profesiones se desprende que los Colegios de Abogados están idealmente situados frente al orden jurídico para entablar juicios de amparo en contra de los actos de autoridad que atenten contra el estado de derecho.

Al efecto señala la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México que es también de aplicación federal:

ARTICULO 50.- Los Colegios de Profesionistas tendrán los siguientes propósitos:

a).- Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral;

b).- Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio profesional;

c).- Auxiliar a la Administración Pública con capacidad para promover lo conducente a la moralización de la misma;

h).- Prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos consultores;

p).- Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos propios de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos con título legalmente expedido y debidamente registrado;

Es decir, por disposición expresa de la norma los Colegios de Abogados están facultados para operar como cuerpos consultores de la Administración Pública y velar por el debido ejercicio de la profesión, incluyendo que los puestos públicos que deban ser ocupados por abogados sean ocupados por personas que cumplan con los requisitos legales.

No obstante lo anterior, tenemos que los Colegios de Abogados se han limitado a emitir pronunciamientos. Pronunciamientos perfectamente fundados y motivados, condenando con certeza, justicia y asertividad el actuar irregular de la Administración Pública. Pronunciamientos sin ningún efecto jurídico.

Pensaríamos entonces que posiblemente los Colegios no promuevan juicios de amparo por verse impedidos pro su objeto social o principios; por lo que, en una breve investigación de los estatutos y códigos de ética de los tres principales colegios de abogados encontramos lo siguiente:

Estatutos

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.

(INCAM)

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

(BMA)

 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

(ANADE)

 

.- El Colegio tiene por objeto:

XVI. Velar por la adecuada, pronta y expedita procuración e impartición de justicia

XX.- Promover la expedición de leyes, reglamentos y normas generales de observancia obligatoria, especialmente las relativas al ejercicio profesional.

 

XXI Vigilar, procurar y auxiliar al Poder Público, principalmente a los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia para que su desempeño se ajuste a los principios éticos fundamentales, y de existir, a sus propios Códigos de Ética

XXIII Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos propios de la profesión de abogado, estén desempeñados por profesionistas idóneos, calificados y certificados con título legalmente expedido y debidamente registrado, que cuenten con los conocimientos de especialidad en la materia

 

Art. 2º- El objeto y fin de la Asociación es:

II. Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho.

 

III. Procurar el decoro y la dignidad de la abogacía para que su ejercicio se ajuste estrictamente a las normas de la moral, del derecho y del Código de Ética Profesional adoptados por la Asociación.

 

ARTÍCULO 4°.- Son objeto de la Asociación:

4. Coadyuvar a la superación moral, intelectual y social de los miembros de la Asociación, de los abogados en general, de los pasantes, estudiantes de derecho y de los servidores públicos, para lo cual se podrán realizar todo tipo de acciones necesarias para promover y difundir los valores, principios, responsabilidad social y actividades de los abogados a través de la realización de concursos y otorgamiento de reconocimientos y premios de cualquier naturaleza

 

 

Código de Ética

INCAM

BMA

ANADE

 

1.1.- LA MISIÓN DEL ABOGADO.

En una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el Abogado tiene un papel fundamental.    Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco del Derecho.     En un Estado de Derecho, el Abogado es indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la Justicia y de los justiciables, pues tiene la obligación de defender sus

derechos y libertades; es por lo tanto, el asesor y defensor de su cliente, y en todo momento deberá buscar la prevalencia de la justicia.

 

Su misión le impone deberes y obligaciones múltiples, algunas veces con apariencia contradictoria, con respecto:

 

A si mismo.

Al cliente.

 

A los tribunales y otras autoridades ante las cuales el Abogado asiste o representa al cliente.

 

A su profesión en general y a cada colega en particular.

A la sociedad, para la cual una profesión liberal e independiente, regida por el respeto a las reglas que se ha impuesto a sí misma, es un medio esencial de salvaguardar los derechos del hombre frente al estado y a los otros poderes.

4.3.3.- Cuando haya fundamento serio de queja en contra de un funcionario, el abogado debe presentar su acusación ante las autoridades competentes y ante su Colegio de Abogados.   Solamente en este caso serán apoyadas tales acusaciones y a los abogados.

 

4.3.4.- Es deber del Abogado luchar por todos los medios lícitos porque el nombramiento de jueces se deba exclusivamente a su aptitud para el cargo y no a consideraciones políticas ni ligas personales, y también porque los jueces se dediquen a otras actividades distintas de la judicatura que pudieren privarlos de imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones.

 

4.3.5.- Las reglas de los dos párrafos anteriores se aplicarán respecto de todo funcionario ante quien habitualmente deban actuar los abogados en el ejercicio de la profesión.

 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROFESIÓN

Entendido el ejercicio de la abogacía como una actividad profesional al servicio de la sociedad y no solamente como un medio de vida de quien la practica, se considera que el abogado cumple una función dentro del orden jurídico al poner los conocimientos y habilidades en los que ha sido formado al servicio

de quienes requieren de tales conocimientos y habilidades para conseguir, dentro de ese orden jurídico, la realización de la justicia. La protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda

persona requiere del acceso a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente, con conocimientos apropiados y regida por ideales y obligaciones éticas. El abogado cumple un fin superior al de sus propios intereses económicos o de otra índole que, aun siendo legítimos, deben ceder ante ese interés superior; es, por ello, un servidor del Derecho y un coadyuvante de la Justicia.

 

Artículo 1. Para el ejercicio de la profesión, el abogado debe tener presente que cumple una función social, por lo que debe actuar conforme a los principios y valores que inspiran a este Código, como son la diligencia, probidad, buena

fe, libertad e independencia, justicia, lealtad, honradez, dignidad y respeto, de conformidad con lo expresado en su preámbulo, que determina, asimismo, las bases de su interpretación y aplicación.

Artículo 2. En su actuación profesional, el abogado debe:

2.4.  Denunciar, por los medios lícitos y ante las instancias correspondientes, cualquier conducta reprochable de jueces, autoridades o compañeros de profesión.

Artículo 7. El abogado debe guardar respeto a los juzgadores, árbitros, mediadores, otros funcionarios y autoridades. Por tanto, tiene el deber de:

7.3. Presentar acusación ante las autoridades competentes o ante el Colegio de Abogados cuando haya fundamento de queja en contra de cualquiera de ellos.

ART. 2°- ESENCIA DEL DEBER Y EL HONOR PROFESIONAL.

 

El abogado ha de tener presente que es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia; y que la esencia de sudeber profesional es  asesorar y defender leal y diligentemente y con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente.

 

El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesionales; no solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos la conducta reprochable de jueces, funcionarios públicos y compañeros de profesión y hacerla conocer, sin temor, a las autoridades competentes, al Consejo Directivo de la Asociación (en adelante “el Consejo Directivo”), o al Colegio .

ART. 20°.- DEBER DEL ABOGADO HACIA LOS TRIBUNALES Y OTRAS AUTORIDADES.

 

Debe el abogado guardar respeto a los tribunales y otras autoridades, y ha de apoyarlos siempre que injustamente o en forma irrespetuosa se les ataque, o se falte al acatamiento que manda la Ley. Cuando haya fundamento serio de queja en contra de un funcionario, el abogado debe presentar una acusación ante las autoridades competentes, ante el Consejo Directivo o ante el Colegio.

ART. 21°.- NOMBRAMIENTO DE JUECES.

Es deber del abogado luchar por todos los medios lícitos porque el nombramiento de jueces se debe exclusivamente a su aptitud para el cargo y no a consideraciones políticas ni ligas personales, y también porque ellos no se dediquen a otras actividades distintas de la judicatura que pudieren privarlos de imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones.

ART. 22°.- EXTENSIÓN DE LOS DOS ARTÍCULOS ANTERIORES.

Las reglas de los artículos anteriores se aplicarán respecto de todo funcionario ante quien habitualmente deban actuar los abogados en el ejercicio de la profesión.

 

Vemos pues que los 3 Colegios que integran el Consejo de la Abogacía Mexicana tienen como misión tanto propia como de sus agremiados la defensa del Estado de Derecho y de los derechos de la Sociedad.

Resulta entonces sorprendente el “silencio procesal” de estas instituciones siendo que se encuentran en una situación especial y específica ante el orden jurídico que les otorga el interés legítimo para impugnar, a través del juicio de amparo las violaciones a la Constitución que de otra manera prevalecerán al no ser impugnadas por nadie más.

No se deja de observar el mandamiento de la Ley de Profesiones en el sentido de que:

ARTICULO 48.- Estos colegios serán ajenos a toda actividad de carácter político o religioso, quedándoles prohibido tratar asuntos de tal naturaleza en sus asambleas.

Esta prohibición no implica un obstáculo a la promoción de juicios de amparo por parte de los colegios de abogados debido a que la promoción de un juicio de amparo no tiene un contenido político intrínseco; por el contrario; se trata de el ejercicio de un derecho de defensa en contra del actuar irregular de las autoridades sin importar el origen partidario de éstas.

Por lo que en esta reflexión concluye con un llamado a los colegios de abogados y a sus agremiados para que se conviertan en activistas, no políticos, pero si defensores del Estado de Derecho como lo mandatan sus propios estatutos y códigos de ética.

En el abogado recae la responsabilidad de velar que la evolución legislativa de nuestro orden jurídico se realice en respeto a la Constitución y los Derechos Humanos de nuestros connacionales y no en detrimento de éstos.

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