Eduardo Campos Gámez
Licenciado en Derecho por el ITESM Campus Guadalajara y actualmente, cursando la Maestría en Derecho con especialización en la rama Constitucional y Administrativo en la Universidad de Guadalajara. Asociado en el área de litigio de la firma Degalcorp.

Sin duda alguna una de las principales preocupaciones que se tienen al momento de formar una familia es la sustentabilidad económica de ésta, por lo que la prevención ahorrativa se empieza a tomar de manera seria ya que, a partir de recibir ingresos, uno como persona busca iniciar o en su caso acrecentar un patrimonio en vía de tener una calidad de vida digna a futuro.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país es el lugar en donde más horas se trabaja por año, visto que en 2016 dicha organización estipuló que en promedio un mexicano trabaja 2,255 horas al año, es decir, 43 horas a la semana y si tenemos en cuenta que la propia legislación mexicana estipula tener por lo menos 60 o 65 años mínimos de edad – dependiendo el año en que se inició a cotizar ante el IMSS – para podernos jubilar, entonces es claro que el mexicano trabaja por lo menos 30 años, es decir, 76, 650 horas en su vida.

Ahora imaginemos que un padre o madre de familia que sea el responsable económico de sus hijos, tenga que trabajar todas esas horas a efecto de poder contar con una pensión o ahorros para la sustentabilidad económica de sus dependientes directos (hijos, padres, hermanos, cónyuge), por lo que muchos trabajadores contratan por cuenta propio o por medio de su patrón seguros de vida, dejando como beneficiarios a sus hijos, esposo (a), padre, madre, hermano u otra persona, lo anterior con el propósito que en el caso de que el trabajador muera, sus dependientes directos económicamente no queden en un estado de insolvencia económica.

En teoría el cobro de la póliza de seguro de vida a favor de uno o varios beneficiarios ahorraría muchos problemas económicos, puesto que normalmente las cantidades que amparan son grandes, permitiendo enfocarse así a la cuestión sentimental que implica la pérdida de un ser querido, es decir, sobrepasar el periodo de duelo por la muerte de un familiar o persona cercana y apreciada.

Pero la mayoría de la gente al momento de recibir una cantidad de dinero alta, se llega a preocupar por la cuestión tributaria, surgiendo una duda primordial ¿se deben pagar impuestos por el dinero que recibo por el cobro de una póliza de seguro?, buscando como respuesta la palabra NO, la cual en la mayoría de las ocasiones sería la correcta, no obstante, esto no siempre sucede, debido a que existen algunos supuestos en donde la persona que recibe dinero por la percepción que otorga una Institución por la pérdida de un ser querido sí causa contribución, principalmente el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Ya que si bien es cierto que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en su artículo 93 fracción XXI señala que el cobro de un seguro de vida no causa ISR, también es cierto que dicho supuesto tiene sus reglas o lineamientos en concreto:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

(…)

XXI.- Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo.

(… )

Dicho artículo es el fundamento legal que permite al contribuyente que recibe una cantidad de dinero por el cobro de una póliza de seguro quedar exento al pago de IRS, sin embargo, el mismo precepto legal establece diversas excepciones en donde la cantidad amparada antes referida sí lo causa.

Gómez de Silva establece que la palabra exención proviene del latín “exemptio, – onis” (acción o efecto de quitar), a su vez la Real Academia Española señala que la exención fiscal es “aquella ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo”, por lo que se puede deducir que dicho concepto es el beneficio fiscal que otorga el Estado por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a quienes encuadren en algún supuesto en específico, mediante la cual se exime del pago de un impuesto, por encontrarse en una situación en específico, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la norma jurídica.

Aunque, como ya se señaló anteriormente dicha aseveración tiene sus excepciones; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por medio de su Segunda Sala al momento de resolver el recurso de revisión de amparo indirecto 13/2012, estableció que la exclusión a la regla era que si la prima de seguro no fue cubierta por el fallecido (la pagará el patrón) y el beneficiario de ésta no es el cónyuge, ascendiente o descendiente en línea recta del fallecido, sí se tendrá que pagar dicho impuesto.

Lo anterior en razón de que nuestro máximo órgano jurisdiccional declaró constitucional el entonces artículo 109 fracción XVII, párrafo segundo y tercero de LISR – ahora 93 fracción XXI de dicha ley, al considerar que no se vulneraba el principio de equidad tributaria, a pesar de que éste fue controvertido en las instancias legales correspondientes (amparo indirecto) por supuestamente no respetar el principio de equidad tributaria consagrado en nuestro artículo 31 fracción IV constitucional, negándose así el amparo promovido.

Las razones de lo referido, radica principalmente en el sujeto que paga dicha póliza, y al pronunciarse nuestro Tribunal Constitucional consideró que al momento de cobrar un seguro de vida y éste sea adquirido con los ingresos de la persona que en su momento fallezca, sí debe operar el beneficio de la exención fiscal puesto que la intención del legislador fue proteger económicamente el patrimonio de las personas dependientes del cujus. Es decir, la exención del cobro se basa en la situación particular que gozan los sujetos beneficiarios en razón que el pago del seguro de vida, al actualizarse el siniestro amparado, busca proteger el patrimonio de los afectados indirectamente y por tanto se le otorga el trato de una indemnización a diferencia si el patrón cubre el costo de la prima de seguro, en vista de que ésta se consideraría como previsión social en los términos del artículo 7 penúltimo párrafo de la LISR y por tanto se pudiera deducir en su momento, sin estar amparada por el aprovechamiento de la exención fiscal.

Por tanto, la SCJN delimitó claramente los supuestos de procedencia de la exención fiscal por el cobro de una póliza de seguro los cuales se señalan a continuación:

  1. Si el seguro fue contratado por la persona fallecida, el beneficiario sin importar si es familiar o no, estará exento del pago de ISR.
  2. Si el seguro no fue contratado por la persona fallecida, sino por el patrón, la exención del impuesto, dependerá del beneficiario ya que, si éste es cónyuge, ascendiente o descendiente del fallecido, no pagará ISR por la cantidad que reciba; pero si el beneficiario es una persona distinta a las antes mencionadas sí se deberá pagar ISR.

Por lo que en ocasiones ante la pérdida de un ser querido que no sea cónyuge, ascendiente o descendiente, sí se tendrá que cumplir con la obligación de pago de ISR, dado que, en esta vida, solo tenemos dos cosas seguras, la muerte y el pago de impuestos, por lo que tendremos que lidiar con nuestro periodo de dueto pagando impuestos a la par.

  1. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=134945
  2. Ley de Impuesto sobre la Renta

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