Explicaremos los delitos que la legislación mexicana ha decidido incluir en la Constitución Política en los últimos meses, ejerciendo así su obligatoriedad a los presuntos culpables o acreedores de la procedencia como medida cautelar la prisión oficiosa preventiva, en este catálogo se incluyen los delitos de delincuencia organizada, en donde se considera como amenaza a la seguridad nacional algunos actos ilícitos en contra del fisco federal. Incluyendo en la delincuencia organizada al contrabando, defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, una vez que superen un umbral del monto de lo defraudado. De esta forma, podrían ameritar la medida de prisión preventiva, por lo cual los presuntos culpables serán apresados de forma automática sin que un juez determine iniciarles un proceso,  o sin  la necesidad de que el ministerio publico acredite el riesgo o perfil del inculpado.

Veamos cómo comenzó todo, el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión en los primeros meses de 2019, dejó establecido un nuevo catálogo de conductas delictivas meritorias de prisión preventiva: 

  • Abuso sexual en agravio de menores
  • Delito  en materia de hidrocarburos  
  • Delitos contra la ley de armas de fuego exclusivas del ejército.
  • Delincuencia organizada
  • Desaparición forzada
  • Desaparición cometida por particulares
  • Ejercicio abusivo de funciones
  • Enriquecimiento ilícito
  • Feminicidio
  • Robo a casa habitación
  • Robo a transporte de carga
  • Uso de programas sociales con fines electorales
  • Violencia sexual en agravio de menores

La prisión preventiva es una medida cautelar (la más restrictiva de las medidas cautelares a disposición del Estado) que siempre debe atender un fin legítimo de carácter procesal: asegurar la comparecencia de la persona imputada al procedimiento penal y controlar otros riesgos procesales, como los son, la obstaculización de las investigaciones y la puesta en riesgo de la integridad de víctimas y testigos, tal y como lo establece la primera parte del párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Sin embargo, su imposición siempre debe partir del principio de presunción de inocencia, motivada por las circunstancias del caso concreto, a través de un examen individualizado sobre los riesgos procesales por parte del órgano judicial correspondiente y con independencia del delito por el cual se procesa a la persona imputada. Únicamente respecto a los delitos que se encuentran en este catálogo del mismo precepto constitucional.

No se pasa por alta que a pesar de todo la prisión preventiva oficiosa es violatoria del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “el Pacto Internacional”), el cual establece que la prisión preventiva no debe ser la regla, pues el abuso de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma del Estado de derecho, ya que por un lado es abiertamente violatoria del derecho internacional de los derechos humanos y por otro es un factor determinante de la calidad de la administración de la justicia.

De igual manera es importante señalar que la prisión preventiva no es violatoria de derechos humano, pero la figura debe tomarse como medida restrictiva del derecho a la libertad personal, por tanto, será aplicarse de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, siempre que sea estrictamente necesario.  Adicionalmente, la imposición de la prisión preventiva oficiosa genera presiones indebidas a los órganos judiciales, que redundan en una afectación de facto al principio de presunción de inocencia.

La prisión preventiva genera un desequilibrio insalvable entre la persecución penal eficaz y los derechos de la persona imputada. El cual comienza porque un sistema de investigación en el modelo procesal acusatorio, supone que para realizar la cautela del proceso no se requiera un estándar tan alto para imponer la privación de la libertad, como lo es el estándar necesario para condenar a una persona. La salvaguarda de que no sea tan alto se relaciona con la posibilidad de permitir un debate sobre el riesgo procesal. Si se impide ese debate, iniciando por la consecuencia de de la ejecución de la prisión preventiva oficiosa se genera dicho desequilibrio

Esta es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales sobre los derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva, daña la naturaleza procesal de la medida cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso, al tiempo que compromete otros derechos básicos como el relativo a la integridad personal.

Por esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que los Estados deban adoptar todas las medidas para evitar la excesiva aplicación de la prisión preventiva, garantizando que esta medida sea de carácter excepcional. De tal suerte que, acotar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, es también un compromiso internacional

La prisión preventiva oficiosa trunca el desarrollo jurídico y corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial, a la vez que constituye una salida falsa que atenta contra los principios del paradigma de seguridad ciudadana. Ahora, que mediante un ordenamiento como el de la Ley Federal de Delincuencia Organizada se permita una ampliación este catálogo de delitos es más preocupante, por lo que es importante abogar por una nueva reflexión para recuperar la esencia del sistema acusatorio.

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