Ramiro Aguirre Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, y cuenta con una Especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho

Uno de los temas que más ha preocupado a la autoridad fiscal en los últimos tiempos, sin duda es la venta y adquisición de comprobantes fiscales falsos. En términos de la legislación fiscal aplicable, un comprobante fiscal apócrifo se caracteriza porque es emitido por empresas que el Servicio de Administración Tributaria ha catalogado como EFOS [empresas que facturan operaciones simuladas], las cuales carecen por lo menos de una de las siguientes características: i) personal; ii) activos; iii) infraestructura.

Para erradicar lo anterior, a partir de 2020, entró en vigor el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal”.

José Manuel Guerrero Sitarz

Dentro de tal reforma, se aprobó considerar como amenaza a la seguridad nacional todos los actos ilícitos en contra del fisco federal y castigar como delincuencia organizada, entre otros,  a quienes expidan y utilicen facturas falsas. La reforma en estudio equipara tales conductas con delitos contra la seguridad nacional como lo es el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo.

En un intento de proteger a empresarios honestos y asegurar el estado de derecho, la reforma clarificó que se considerará delincuencia organizada solo cuando i) participen al menos tres contribuyentes y ii) el daño al erario sea superior a $7’804,230.00, lo que significa la obtención de ingresos brutos por 30 millones de pesos.

Ahora bien, ¿por qué preocupan estas reformas a los contribuyentes? pues porque ahora un pequeño error u omisión contable podría llegar a configurar una defraudación fiscal y acarrearía consecuencias penales significativas, por ejemplo, una prisión preventiva o un procedimiento de extinción de dominio.

Respecto a la prisión preventiva oficiosa, ésta se aplicará a los contribuyentes que expidan comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, cuando los mismos rebasen el importe referido previamente.

Lo anterior es preocupante, pues significa que desde el momento en que el contribuyente sea puesto a disposiciones del Juez de control, se ordenará que permanezca en prisión durante el proceso penal, con independencia de que al final pueda ser declarado inocente.

En línea con lo anterior, con estas relativamente nuevas reformas, quienes enajenen o adquieran dicho tipo de comprobantes, estarán sujetos a procedimientos de investigaciones excepcionales, así como a las disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, conforme a la cual los particulares pueden perder sus propiedades aún y cuando los medios de defensa que se hayan interpuesto no se hayan resuelto en definitiva. Asimismo, la legislación penal comentada excluye de diversos beneficios a los miembros de la delincuencia organizada, por ejemplo, acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad, suspensión condicional y otros beneficios del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dicha reforma nos parece excesiva para los contribuyentes cumplidos, pues los mismos quedarán en incertidumbre ante la lupa del fisco, ya que existe el riesgo de que si por algún error contable se omiten registrar debidamente ingresos o deducciones, la autoridad fiscal podría interpretar tales errores como dolosos y catalogar a ese contribuyente como defraudador fiscal y aplicarle las nuevas medidas que fueron aprobadas.

Tal situación es alarmante pues, con la nueva reforma, los contribuyentes pueden tener alguna diferencia contable con la autoridad y, mientras se realiza la investigación correspondiente, el contribuyente puede ir a prisión preventiva  y hasta se le pueden llegar a incautar sus bienes.

Insistimos en que la reforma en estudio es excesiva, pues se le está fincando una responsabilidad al contribuyente receptor, cuando es imposible para éste supervisar que el emisor del comprobante está en operaciones simuladas o que esté en regla; por ello, consideramos que el contribuyente al que le tendrían que fincar la responsabilidad es al emisor de los comprobantes fiscales, criterio que comparten diversos especialistas en la materia.

Por todo lo expuesto, consideramos que en la práctica la aplicación de las reformas comentadas puede estar transgrediendo diversos principios en materia tributaria como: i) generalidad; ii) proporcionalidad y equidad; iii) irretroactividad de la ley; iv) destino al gasto público; v) capacidad contributiva y capacidad económica, entre otros.

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