Jackelin Lemus Amador Estudiante de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Jurídicas Fundadora y Coordinadora General en Educando por Sonrisas A.C Twitter: @lemus_jackelin

El derecho a la información tiene una relación estrecha con la libertad de expresión; en diversos ordenamientos internacionales es considerado como un derecho fundamental por ser una prerrogativa básica e indispensable de todo ser humano.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y Políticos lo corrobora en su artículo 19:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Del mismo modo, nuestro país contempla esta garantía individual en el artículo 6° Constitucional:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Por lo tanto, toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; y para que esto pueda ser posible, la Federación y las entidades que lo conforman,  se regirán por los siguientes principios y bases:

I.- Deberá  prevalecer el principio de máxima publicidad; esto quiere decir que las autoridades u organismos tienen la obligación de documentar todo acto derivado de sus funciones, facultades o competencias mismas que deben ser puestas al alcance de los ciudadanos.
II.- La protección de la vida privada y los datos personales.
III.- Acceso gratuito y oportuno a la información así como la ratificación de datos personales sin necesidad de mostrar interés o justificación de su uso.
IV.- Actualización de información respecto  los actos que derivan de las actuaciones del orden público.
V.- Transparencia respecto a los recursos públicos que se entregan a personas físicas y morales.

Indiscutiblemente este derecho abre la puerta a la construcción de una democracia inclusiva, participativa y bien informada, sin embargo aún hace falta mucho por perfeccionar. En primera instancia, este derecho debe ser para todos, y por consiguiente se deben generar las condiciones necesarias para que el ejercicio de este pueda realizarse sin impedimento alguno. Consecuentemente, los sujetos involucrados en el cumplimiento de este derecho, tienen como obligación adherirse a las normativas correspondientes y ser facilitadores de la información, no medios de obstrucción o restricción.

Hoy en día, el uso de herramientas digitales como lo son las redes sociales, facilita la solicitud de información que está a cargo del Estado, lamentablemente los servidores públicos obstaculizan el canal de comunicación violando el derecho de la ciudadanía.

Es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determino que los funcionarios públicos no pueden bloquear a usuarios de redes sociales ya que vulneran su derecho de acceso a la información y de libertad de expresión.

El proyecto presentado por el Magistrado de la Segunda Sala[i], Eduardo Medina Mora, después de ser sometido a votación, confirmó el amparo interpuesto por el periodista Miguel Ángel Carmona, -quien fue bloqueado en Twitter- contra Jorge Winkler Ortiz, Fiscal General del Estado de Veracruz, esto a raíz de una serie de comentarios que el quejoso manifestó en la cuenta del funcionario, con la única intención de recabar información respecto a las actividades que el fiscal desempeñaba en su cargo.

Después de analizar el amparo indirecto 1005/2008, se determinó que el derecho de acceso a la información debe prevalecer al derecho a la privacidad que el funcionario –desde su postura–discute se le ha vulnerado.

Complementando lo anterior, la Sala del Tribunal determinó que el contenido compartido en la cuenta del fiscal,  tiene relevancia pública y es información de interés general. Y pese a que la cuenta del funcionario tiene un registro previo al ejercicio de sus funciones (mayo del 2011), este mismo decidió utilizarla como un canal de comunicación para mantener al tanto a la ciudadanía sobre las acciones que se realiza bajo su cargo,( desde el 30 de diciembre del 2016)  asumiendo las consecuencias que esto conlleva, por lo tanto no existe agravio personal y directo que pueda poner en riesgo su privacidad.

La SCJN enfatizó que: “el bloqueo en redes constituye un acto de discriminación, toda vez que, se violan en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues se le impide acceder a información de interés general vinculada con el ejercicio del cargo público que ostenta el responsable.”

En definitiva, estas restricciones deben considerarse inconstitucionales e inconvencionales y más en este caso concreto, pues el periodismo representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión  y con estas limitaciones, no solamente se vulnera los derechos citados, también se le impide al quejoso el desarrollo de su profesión sin tener una justificación sólida.

Pero ¿qué ocurre con el derecho a la privacidad en caso de servidores públicos?

Si bien es cierto, las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la privacidad de todas las personas,  sin embargo se han establecido parámetros acerca de los límites de este derecho que dependerán en gran medida en el interés público que la actuación de la persona involucrada tiene en la sociedad. En el caso de un servidor público, el derecho  la privacidad se ve disminuido a comparación del resto de los ciudadanos debido al tipo de actividad que desempeñan, pues están sujetos a mayor escrutinio social no solamente en aspecto laboral, sino en cuestiones de su vida privada que tengan injerencia en la función que desarrollan.

Es por ello que en este mismo proyecto se determinó que el bloqueo en redes sociales únicamente tendrá razón de ser cuando existan comportamientos, expresiones o conductas que se encuentren excluidas de protección constitucional y pongan en peligro la integridad del funcionario, -o en este caso -, del dueño de la cuenta.

En ese sentido, es importante recalcar que los comentarios o críticas severas, de carácter provocativo, escandaloso, perturbador que causen algún tipo de molestia, disgusto u ofensa NO podrán ser considerados comportamientos abusivos por parte de los usuarios de la red.

A pesar de la resolución favorable que tuvo este amparo, es necesario que la ciudadanía ejerza de manera responsable el derecho al acceso de comunicación y de libertad de expresión, sin duda el correcto uso de los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades permitirá el fortalecimiento de una democracia participativa y constructiva. ¡Démosle el mejor uso a estas plataformas digitales!


[i]SCJN:https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-03/AR%201005-2018%20..pdf

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