Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara; Maestro en Impuestos; Diplomado en Estudios Avanzados
en Derecho Administrativo por la
Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»
Twitter: @RCEmx

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene el objetivo de prohibir de la subcontratación laboral, para esto requiere una integración de otros ordenamientos. Como lo leemos en otras delas colaboraciones en este portal, en materia del Código Fiscal de la Federación (CFF) mediante una ficción fiscal se plantea cuáles son los servicios de subcontratación laboral y cuáles son los servicios especializados

Para comenzar, el contenido de esta colaboración sólo se abordará las normas impositivas como de seguridad social.

Los cambios a la Ley del (ISR) consisten en modificar la fracción V del artículo 27, consistente en establecer requisitos para los contratistas por los pagos por concepto de servicios especializados o ejecución de obras, como a entregar al contratante copia vigente de la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los Comprobantes Fiscales Digital por Internet (CFDI) de los pagos de salarios de los trabajadores dispuestos al contratante; copia de la declaración del entero de las retenciones de impuestos efectuadas; y copia de la declaración del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS, así como de las aportaciones al INFONAVIT correspondientes.

Además, se crea una nueva fracción XXXIII al artículo 28 de la Ley del ISR, para considerar no deducibles los pagos de servicios de subcontratación de personal, cuando no se cuente con permiso para ofrecer servicios de subcontratación de personal según el propuesto artículo 15-D del CFF, antes analizado.

En materia de la Ley del IVA, entre otras reformas, se propone derogar, la controversial retención del 6% por servicios que dispongan personal al contratante. Además, se establece en la iniciativa una reforma al artículo 4, para que no se considere acreditable impuesto pagado por los pagos que se realicen a las personas sin permiso para ofrecer servicios de subcontratación de personal, igualmente según el propuesto artículo 15-D del CFF.

Por otro lado, siguiendo la fórmula de la fracción V del artículo 27 de la Ley del ISR, se pretende añadir una nueva fracción II al artículo 5 de la Ley del IVA para el acreditamiento del proveniente de los pagos realizados por concepto de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Contemplado una obligación el contratista está obligado a entregar al contratante documentación como copia vigente de la autorización emitida por la STPS; copia de la declaración del IVA; copia del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado; la cual se deberá entregarse durante el mes siguiente a aquél en el que el contratista haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto que se le haya trasladado. Si el contratante no recaba la información, deberá presentar complementaria disminuyendo su acreditamiento.

Es importante como lo puede leer amable lector, el impacto no sólo ésta en la reforma laboral, sino en el ámbito tributario, más si timamos en cuenta su segundo y tercero artículos transitorios, dónde se establecen cuatro meses para que se emitan la reglas administrativas, y después los prestadores de servicios especializados tendrán seis meses para registrarse; así durante diez meses la deducibilidad de estas erogaciones estarán en incertidumbre.

El fin es concreto, eliminar los esquemas de subcontratación laboral abusivos. Pero, el Gobierno antes de todo debe buscar el origen de porqué existe, y no sólo crear un posible remedio. Por lo que, en primer lugar, tiene el deber de establecer una buena fiscalización  para identificar los esquemas agresivos que únicamente se emplean para dejar de pagar cuotas de seguridad social; y en segundo, hacer a un lado las limitantes en las deducciones de previsión social, o en su caso, los absurdos como la limitación de la deducción de erogaciones que sean ingresos exentos de sus trabajadores. No es un problema que surge a partir del actual Gobierno, sino estamos ante un fenómeno irregular de hace más de una década.

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