Es Licenciado en Derecho y con Especialidad en Medios de Control Constitucional «Universidad Mesoamericana», Maestro en Derecho con especialidad en Fiscal por «Universidad Ibero campus Tijuana»; actualmente cursando la Maestría en Impuestos en el «Instituto de Especialización para Ejecutivos»; y Socio-Director Jurídico de la firma «MD Consultores de Negocios».
Twitter: @RaulM_D

Hoy continuo abordando un tema que para mí representa un avance y respaldo a lo que recientemente he compartido como una estrategia en el litigio fiscal, pues este viernes 06 de julio, se publica una tesis en el Semanario Judicial de la Federación que nos lleva cimentar y forjar las bases de la propuesta esbozada por su servidor. El Tribunal Colegiado en materia penal del Decimosexto Circuito nos trae una reflexión que recojo a luz de mi argumento, que no es más que la aplicación generalizada de la «Ley General de Victimas», en cualquiera de los ámbitos privados o públicos, entiéndase con esto el tipo de derecho que regule el acto, hecho o la situación jurídica en la que se haya generado una víctima o represente una violación a los derechos humanos de una persona, dependientes de la misma o una colectividad.

Con ello se advierte que es una norma que su confección es multidimensional, entiéndase con esto, que es aplicable en cualquier ámbito del derecho en donde exista una persona portadora de derechos humanos, más allá del sistema procesal que en su caso aplique. Por ello considero que esta ley no tiene únicamente que ver que la estructura que la mismas propone, ni mucho menos con el derecho penal que se encargara de definir y tipificar el delito, sino de cualquier ámbito del Derecho e incluso el Derecho Fiscal cuando exista una violación flagrante a los derechos humanos de los contribuyentes, que puede materializarse en cualquiera de las facultades que ejerza el fisco sobre ella, no omito mencionar que de las facultades más utilizadas en estos últimos tiempos donde se advierte graves atropellos a los derechos de los contribuyentes se encuentra la prevista en los articulo 17 H, 41-B, 69-B del Código Fiscal de la Federación, y con la entrada en vigor el 1 de Junio de este año del 69-B bis del mismo ordenamiento.

Para respaldo de lo anterior, permito transcribir íntegramente el texto de la tesis platicada en esta breve intervención, que a letra dispone:

Época: Décima Época
Registro: 2017352
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de julio de 2018 10:13 h
Materia(s): (Penal)
Tesis: XVI.1o.P.27 P (10a.)

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. ES APLICABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL, CON INDEPENDENCIA DEL SISTEMA PROCESAL QUE LOS RIJA. En términos del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con sus diversos numerales 1o., párrafo tercero y 17, así como por los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, es de observancia en todo el territorio nacional. Además, dicha normativa previó efectos derogatorios respecto de todas las disposiciones legales que se opusieran a ella, sin perjuicio de la obligación prevista en su artículo séptimo transitorio, atinente a que dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a su entrada en vigor, los Congresos Locales debían armonizar todos los ordenamientos que guardaran relación. Luego, en cuanto a su contenido, esa ley establece una serie de principios, definiciones y reglas que han conseguido reafirmar al conjunto de derechos humanos de las víctimas; por lo cual, dada su construcción, más allá de ser un ordenamiento declarativo, constituye una auténtica herramienta para hacer efectivos los derechos de las víctimas en todas y cada una de las esferas, públicas y privadas, en las que estén inmersos. En esa lógica, debe considerarse que, por su diseño multidimensional, esta ley abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas como personas portadoras de derechos, más allá del sistema procesal que rija al procedimiento penal en el que deban dirimirse sus prerrogativas fundamentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del daño.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 173/2017. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Augusto de la Rosa Baraibar. Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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