Ramiro Aguirre Pérez
Abogado por la Universidad de Guadalajara y Especialista en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en Derecho Fiscal internacional por la Universidad de Leiden, Holanda. Socio fundador de Aguirre Asociados.

Como sabemos, a efecto de calcular las contribuciones que se cree debieron pagar los contribuyentes, la autoridad fiscal cuenta con la facultad discrecional de determinar ciertas presunciones fiscales.

Tales presunciones y el procedimiento para su determinación, se contienen en los artículos 55 a 62 del Código Fiscal de la Federación. Algunos supuestos en que pueden utilizarse estas presunciones son para determinar 1) utilidad fiscal; 2) remanente distribuible; 3) ingresos; 4) valor de actos o actividades; 5) retenciones, entre otros. 

En el presente estudio, nos limitaremos a la presunción relativa a los depósitos bancarios que se transcribe a continuación: 

“Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: (…) III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. (…)”

Respecto a esta presuntiva, existían diferentes posturas entre las autoridades jurisdiccionales, con relación a los elementos o pruebas que demuestran la autenticidad de un traspaso entre cuentas bancarias, situación que generaba inseguridad jurídica a los contribuyentes al no existir parámetros probatorios definidos.

Para corregir lo anterior, recientemente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió la siguiente Jurisprudencia respecto al tema: 

VIII-J-2aS-115

“TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS. FORMA DE ACREDITARLOS CUANDO SE REALICE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo establecido en los artículos 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, el actor en el juicio se encuentra obligado a probar los hechos de los que deriva su derecho y el demandado de sus excepciones, en ese sentido, si la parte actora impugna la determinación presuntiva efectuada por la autoridad fiscalizadora en términos del artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación, la cual se refiere a depósitos registrados en sus cuentas bancarias, aduciendo que los mismos constituyen un traspaso entre sus cuentas propias, entonces es ella quien se encuentra obligada a aportar la documentación idónea (como lo sería estados de cuenta, papel de trabajo, copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta de donde proviene el depósito, forma de pago, el número de cheque o reporte de transferencia, número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su nombre de donde se visualice la salida del depósito, origen del importe depositado, entre otras) a efecto de demostrar que dichos depósitos y registros contables provienen de un concepto distinto al determinado por la autoridad fiscal y adicionalmente ofrecer la prueba pericial contable, y con ello, se verifique el registro de cada operación, correspondencia de cantidades entre sus cuentas y que no se incrementó su patrimonio.”

Como podemos observar, esta Jurisprudencia permitirá que los Tribunales tengan un criterio uniforme respecto a la forma en que los contribuyentes deben acreditar un traspaso entre cuentas bancarias y también la autoridad fiscal deberá homologar los requisitos probatorios para desvirtuar tal presuntiva.

En esas condiciones, a efecto de demostrar que un depósito bancario es solo un traspaso entre cuentas –ya sea en instancia administrativa o jurisdiccional–, el contribuyente tendrá que exhibir la siguiente información: 

  • Estados de cuenta.
  • Papeles de trabajo.
  • La copia del recibo donde se detalla el monto y la cuenta desde donde se realizó el depósito.
  • La forma de pago.
  • El número de cheque o reporte de la transferencia.
  • Número y nombre de la cuenta bancaria donde se visualice la salida del depósito.
  • Origen del importe depositado.

Adicional a todo lo anterior, se debe presentar una prueba pericial contable con la finalidad de verificar el registro de cada operación, la correspondencia de cantidades entre cuentas bancarias y que no se incremente el patrimonio del contribuyente. Todo lo anterior, se confirma con el Precedente VIII-P-1aS-818 emitido por el TFJA, mismo que se transcribe a continuación:

“DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.- Si la parte actora controvierte la determinación presuntiva realizada por la autoridad fiscal de conformidad con la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, al considerar como ingresos los depósitos de sus cuentas bancarias que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, aduciendo que se trata de traspasos entre cuentas propias, tiene la carga de demostrar sus pretensiones en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que debe precisar y exhibir los estados de cuenta y demás documentos de donde se advierta dicho traspaso, además ofrecer la prueba pericial contable con la que mediante preguntas idóneas se apoye al juzgador a dilucidar si existe correspondencia entre las cantidades transferidas, si se registró contablemente dicha operación y que además, no se incrementó el patrimonio de la enjuiciante.”

Con base en todo lo anterior, considero –por una parte– acertada la emisión de estos criterios pues, como dije, en la práctica existían posturas encontradas respecto a los elementos que deben envestir los auténticos traspasos entre cuentas bancarias, sin embargo –por otra parte–, la homologación de tales requisitos probatorios traerá nuevas cargas administrativas y económicas para quien lleve a cabo este tipo de movimientos bancarios. 

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