Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C. Twitter: @RCEmx

Las sociedades mercantiles y civiles integradas de individuos, individuales o colectivos, cuenta con personalidad jurídica propia en relación con los terceros, con un patrimonio que le permite hacer frente a las obligaciones asumidas. En el imperio romano se encuentran las primeras conclusiones en negocios asociativos, enfocado únicamente para terminar las relaciones entre los propios asociados sin tomar en cuenta a terceros acreedores o deudores, basándose en las obligaciones mancomunadas y su corresponsabilidad.

La extinción de una entidad es un fenómeno jurídico complejo, no por lo elaboración interna, es decir, por las actas de asambleas o aspectos financieros, sino que llevarla un buen término es necesaria una adecuada negociación con acreedores y deudores, así como una habilidad en la venta de los activos, que impiden en la mayoría de los caso hacerla de manera instantánea, esto debido a las operaciones efectuadas con esos terceros que se traducen en derechos y obligaciones, que tiene que culminarse para estar en aptitud de disolver ese patrimonio social, permitiendo contar con la fluidez necesario para el pago delas obligaciones. Además, tiene sus formalidades de la toma de acuerdos de los miembros que la integran, bien, sea a través de la primer acta de asamblea extraordinaria dónde demuestra o se conviene la disolución e igualmente se designa al liquidador o liquidadores; y en cuando en la segunda, se aprueba el balance final de liquidación, y en su caso la entrega del remanente del haber social. Para que finalmente se lleve a cabo la extinción de la personalidad jurídica del ente, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Reglamento del Registro Público citado, con lo que se da la publicidad del acto mercantil para que cuando conforme a la legislación lo requieran surta efectos frente terceros.

En nuestro país este procedimiento societario está conformado por tres etapas, la propia disolución, la liquidación y la división del haber social estando en la viabilidad de entregar el haber social remanente.

En el aspecto impositivo debemos considerara que los hechos imponibles seguirán causándose de forma especial al aperturar un ejercicio fiscal por liquidación, de una duración temporal indefinida, esto sólo será en el Impuesto Sobre la Renta respecto a la periodicidad de su determinación y pago, mientras que para el impuesto  al Valor Agregado seguirán su mismo mecanismo y periodicidad. Sin embargo, en materia del Registro Federal de Contribuyente (RFC)  fiscal dicha cancelación, sólo es para efectos de cumplimientos formales en presentación de declaraciones de pago o informativas, por ejemplo; pero la extinción de la personalidad jurídica y su cancelación no limitan al Servicio de Administración Tributaria en sus facultades de comprobación, por lo que puede determinar o hechos u omisiones que entrañen incumplimientos fiscales, cuando así proceda, toda vez que si conforme a la doctrina, la disolución no implica la desaparición inmediata de la sociedad, dado que esta es el acto que condiciona la puesta en liquidación.

Como lo señala la siguiente tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si bien, una vez agotado todo el procedimiento, hablando sólo del tradicional dejando a un lado el simplificado, en los términos establecidos en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con lo previsto en el diverso 2736 del Código Civil Federal, inicio del cual debe presentarse el aviso a la autoridad hacendaria, de conformidad a lo regulado en los artículos 14 fracción IV y 22 fracción I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que tenga conocimiento, entre otros, que posteriormente se hará la publicación del balance final, la cual señala el término de las operaciones de gestión y abre paso a la clausura de la liquidación. Si bien esto implica la extinción en materia mercantil y civil respecto de su responsabilidad frente a terceros, no quiere decir que, surta efectos frente al fisco, pues se encuentra sujeta, no solo a la publicación del balance final, sino también a la presentación de los avisos, dictámenes y declaraciones correspondientes a dicha liquidación total, en los términos establecidos en los artículos 14 fracción V y 23 fracción I, del Reglamento del Código de que se trata y, además, que hayan transcurrido los plazos establecidos, para que la autoridad fiscalizadora competente lleve a cabo sus facultades de comprobación regulados en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, quedando por ese periodo a salvo hasta que no se configure alguna causal de caducidad. Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la siguiente tesis:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
VIII-P-2aS-469

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EFECTOS FISCALES.- En términos de la normatividad contenida en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se considera que la liquidación de una sociedad queda concluida con la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio, el cual conforme a lo previsto en el artículo 2° del Reglamento del Registro Público citado, tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros. Sin embargo, en materia fiscal dicha cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro mencionado, no limita las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria y mucho menos para determinar los créditos fiscales a su cargo, cuando así proceda, toda vez que si conforme a la doctrina, la disolución no implica la desaparición inmediata de la sociedad, dado que esta es el acto que condiciona la puesta en liquidación; resulta incontrovertible que previo a la conclusión de la liquidación, con la cual se configura la extinción de la personalidad de la sociedad; lógica y jurídicamente dicha liquidación tiene un inicio inmediatamente después de la disolución, en los términos establecidos en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con lo previsto en el diverso 2736 del Código Civil Federal, inicio del cual debe presentarse el aviso a la autoridad hacendaria, de conformidad a lo regulado en los artículos 14 fracción IV y 22 fracción I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que tenga conocimiento, entre otros, que posteriormente se hará la publicación del balance final, la cual señala el término de las operaciones de gestión y abre paso a la clausura de la liquidación. Por tanto, la cancelación de la inscripción del contrato social, en el Registro Público de Comercio una vez concluida la liquidación, establecida en el artículo 242, fracción VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si bien implica la extinción de la persona moral en materia mercantil y civil respecto de su responsabilidad frente a terceros, sin embargo, para que dicha extinción de la personalidad de la sociedad surta efectos frente al fisco, se encuentra sujeta, no solo a la publicación del balance final en el periódico oficial de la localidad en que tenga su domicilio la sociedad, sino también a la presentación de los avisos, dictámenes y declaraciones correspondientes a dicha liquidación total, en los términos establecidos en los artículos 14 fracción V y 23 fracción I, del Reglamento del Código de que se trata y, además, que hayan transcurrido los plazos establecidos, para que la autoridad fiscalizadora competente lleve a cabo sus facultades de comprobación regulados en el artículo 67 del código de la materia.

PRECEDENTES: VII-P-2aS-674 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23886/11-17-04-5/1226/13-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de septiembre de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión de 11 de septiembre de 2014)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 1084 VIII-P-2aS-240 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16/1914-24-01-01-04-OL/17/4-S2-09-30.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 1 de febrero de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca. (Tesis aprobada en sesión de 1 de febrero de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 20. Marzo 2018. p. 222 REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VIII-P-2aS-469 Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16/1914-24-01-01-04-OL/17/4-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 6 de junio de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca. (Tesis aprobada en sesión de 6 de junio de 2019)

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