Guillermo Coronado Aguilar
Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana; Director de la carrera de Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara,
Doctorando en la Universidad Complutense de Madrid, y Maestro en Resolución de Controversias Internacionales, Universidad de Ginebra.

Estimado lector, hoy les presento una entrada que tiene que ver sobre áreas que pueden trastocarse una con otra. Me gustaría hablarles del caso en que una empresa dentro de un arbitraje no tenga dinero para poder seguir con su arbitraje comercial dentro de México.  Planteo la existencia de un acuerdo arbitral, en que las partes acuerdan llevar todas o cada una de las controversias que se relacionen con su contrato en arbitraje, y en el cual se les impone la obligación de arbitrar. Además de lo anterior, existe la obligación de los jueces de reenviar a las partes al arbitraje en caso de que exista un acuerdo arbitral.

La pregunta que planteo es, si los jueces deben conocer de un caso y que una de las partes no tenga dinero para proseguir con el arbitraje y solicitar la intervención judicial, para evitar un posible estado de indefensión, es decir, garantizarle su acceso a la justicia.

Reformulando este cuestionamiento, ¿qué pasaría si el Juez retiene su jurisdicción en estos casos?, ¿cuáles serían las consecuencias y cuáles podrían ser las posibles soluciones?

Por otro lado, es si el derecho de acceso a la justicia es un derecho renunciable o irrenunciable y desde dónde se puede anclar en el sistema jurídico mexicano para darle toda su fuerza como un derecho, ya sea a nivel normativo interno o a través de un derecho adquirido a través de los tratados de los que México forma parte.

De este modo, sería bueno responder el nivel de protección y reconocimiento que tienen las personas en México para acceder a la justicia, es decir, si existe un derecho constitucional, y si existen o no restricciones en este sentido para poder acceder a los órganos jurisdiccionales para ser oído y vencido en juicio. Por otro lado, se contrapone el derecho de las personas a utilizar medios alternos para la solución de conflictos, que recientemente ha sido reconocido bajo la Constitución Mexicana. Así, llegamos a un posible choque de principios, me inclino que el derecho de acceso a la justicia es el que tiene que prevalecer.

Cabe preguntarse qué solución es la mejor por parte del juez mexicano. Entonces, ¿qué debe hacer el Juez? ¿Conocer de un asunto con una cláusula arbitral o  remitirlo al arbitraje, a sabiendas de que al menos el acceso del arbitraje podría llegar a ser prohibitivo?

Entonces, la pregunta que trataré de responder en primer momento es definir lo que es el acceso a la justicia, por lo menos desde el punto de vista del derecho mexicano, desde un aspecto internacional, hasta ligarlo al derecho mexicano.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el derecho de acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, particularmente es el mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que entiende que el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano básico e indispensable para combatir la pobreza, prevenir y resolver conflictos.

El PNUD determina la existencia de fuertes lazos entre el derecho de acceso a la justicia, gobernanza democrática y reducción de la pobreza, donde se debe crear un ambiente sustentable trabajando especialmente con todos los actores que conforman la justicia, es  decir, la policía, los tribunales, los fiscales, trabajadores sociales, oficiales de prisión, líderes comunitarios, consejeros y árbitros, tomando en consideración las relaciones que sustentan entre ellos.

Además de lo anterior, el derecho de acceso a la justicia lo podemos anclar desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en su artículo 7 al establecer que:

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

Lo anterior no sólo queda restringido a la DUDH, por el contrario, se expande en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que específicamente en su artículo 14 reconoce que:

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

Además de lo anterior, existen una serie de principios básicos adoptados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de ellos que guarda relación directa con el tema que nos ocupa, sobre la falta de acceso a la justicia, es en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, el cual fue adoptado por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, confirmado en la Asamblea General de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre y 40/146 del 13 de diciembre ambas del año de 1985.

En dicho documento se adoptó el principio número 3 en el que establece que “La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.” Pero esa responsabilidad no queda solo en la judicatura, también están los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados que en los considerandos se encuentra reiterado el derecho a que tienen las personas a ser juzgadas sin demoras justificadas, ser oídas y vencidas en juicio por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley.

En dicho documento encuentro interesante el principio número 2 que específicamente indica la no discriminación por diferentes motivos, entre estos, se encuentra la posición económica, situación económica u otra condición, al decir lo siguiente:

2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra condición.

Entonces el derecho de acceso a la justicia se convierte desde el punto de vista de derechos humanos, como un derecho de acceso a las cortes o tribunales, así como la garantizada representación legal. En resumen, llegar a juicios que sean justos y equitativos.

Del mismo modo a un nivel regional, bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 primer párrafo, de nueva cuenta se reconocen las garantías judiciales, que al respecto establecen que:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Aunado a lo anterior está el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 del citado pacto de San José, así como el artículo 25 del mismo documento que determina:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

De este modo, la definición que pudiéramos construir como derecho de acceso a la justicia, es la facultad de la persona de poder acceder ante los órganos de justicia, ser oído y vencido en juicio, por un órgano competente, independiente e imparcial, sin el que exista ningún tipo de discriminación por raza, sexo, posición económica y situación económica. De manera sencilla y rápida.

Pero queda otra pregunta: ¿es o no un derecho humano el derecho de acceso a la justicia, y como lo podemos acreditar? Esto se responde de manera afirmativa por el propio artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por tanto, sí es un derecho humano, a la anterior definición se deberá aumentar la palabra “humano”, entonces la definición de derecho de acceso a la justicia, tendría que reformularse por el “derecho humano de acceso a la justicia”.

La problemática que existe en segunda instancia es, si las partes al momento de pactar un procedimiento de arbitraje, dígase comercial, (tomando en cuenta que México hace una diferencia de lo comercial y de lo civil, no así en otras legislaciones en el mundo, siendo México parte de la excepción y no de la regla) están renunciando de manera absoluta e irremediable a los órganos jurisdiccionales, y por la otra es si tienen alguna opción de renunciar al pacto arbitral.

Pero bien, todo eso resulta en la parte del área del derecho internacional, ¿qué hay entonces de México, lo anterior lo reconoce o no dentro de su sistema jurídico?, ¿tenemos en esencia acceso a la justicia, conforme a la definición construida párrafos arriba? La pregunta va encaminada sobre todo a las leyes y las normativas sobre el tema, dejando de lado la discusión de su efectivo disfrute fáctico por los ciudadanos.

¿Existe un marco jurídico mexicano sobre acceso a la justicia? La respuesta se da desde dos aspectos, el primero es por referencia, gracias a las reformas sobre derechos humanos que dieron lugar a reformar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo se debería dar desde su construcción y andamiaje legal propio, es decir, desde la propia Constitución hasta las demás normas que se suceden por motivo de una consecuencia lógica reglamentaria de las leyes secundarias. En ambos sentidos la respuesta debería de ser positiva. Es decir, sí existe un derecho humano de acceso a la justicia, la cual debe de ser una justicia, pronta, eficaz y gratuita. Por tanto tenemos esta garantía irrestricta.

Sin embargo, la pregunta que nos queda es saber si debería o no un Juez conocer de un asunto cuando una de las partes no tiene las posibilidades económicas o que de alguna u otra manera el pagar un arbitraje resulta claramente oneroso, partiendo de que el acceso a la justicia es un derecho humano.

La pregunta para un Juez y su respuesta son sumamente difíciles, ya que por un lado tiene que dar un balance entre lo que las partes acordaron, y por el otro, evitar que una de las partes ejerza un abuso de derecho. Si un día me piden mi opinión, creo que sería en las pruebas que aporten las partes, la carga de la prueba la lleva en todo caso la persona que reclama su imposibilidad de proseguir en el arbitraje, es decir, impecuniosidad o falta de medios monetarios para proseguir en el arbitraje, el punto medular es un balance entre el principio de pacta sunt servanda y por otro lado la imposibilidad de proseguir por una de las partes.

Se que esta vez nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero es una invitación a pensar sobre las posibilidades que se dan debido a que las cuestiones y temas de derechos humanos las veremos tomar mayor relevancia en muchos aspectos comerciales, tanto a nivel nacional como internacional.


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