Desde 2013 se dio a conocer en la página de Internet de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la tesis de jurisprudencia aprobada en la sesión del 19 de junio de ese año, relativa al pago de un mes de salario como monto máximo de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU), la cual es aplicable sólo a los patrones que obtengan ingresos exclusivamente del cuidado de bienes que produzcan rentas o del cobro de créditos y sus intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción III, de la Ley Federal del Trabajo (LFT):

El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes:

III. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario;

Del proceso legislativo que le dio origen al texto tiene la intención de establecer ese tope sólo a los patrones que obtengan sus ingresos por dichas actividades y sean su única fuente de ingresos; pues de lo contrario, si además de dedicarse a esas actividades, realizan otra u otras que constituyan ingresos distintos, resulta inconcuso que no se ubican en el supuesto de la norma transcrita.

Por lo anterior, la Segunda Sala concluyó que el tope de un mes de salario como monto máximo de pago por concepto de PTU no sería aplicable a los patrones que adicionalmente obtengan ingresos por la realización de otras actividades distintas a las del cuidado de bienes que produzcan rentas o del cobro de créditos y sus intereses, siempre y cuando, dichas actividades no constituyan su única fuente de ingresos, pues en éste último caso se tendrán la obligación de pagar de forma normal, sin la limitante de un mes de salario, o sea, sobre la base del total de su renta gravable determinada conforme a las disposiciones fiscales. Se transcribe el texto del referido criterio jurisprudencial, ubicado con número de registro 2,004,271, Jurisprudencia 2a./J. 112/2013 (10a.), en la página: 973, de la Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, en el Tomo 2 de materia laboral por la Segunda Sala:

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO ES APLICABLE A LOS PATRONES QUE SE DEDICAN EXCLUSIVAMENTE A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN DICHA NORMA. Del proceso legislativo que dio origen al indicado precepto, el cual prevé el tope de 1 mes de salario como monto máximo de participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, cuando los patrones obtienen sus ingresos del cuidado de bienes que producen rentas o del cobro de créditos y sus intereses, se advierte que la intención del legislador fue que ese tope se aplique sólo a los patrones que obtengan sus ingresos por dichas actividades y que éstas constituyan su única fuente de ingresos; de lo contrario, si además de dedicarse a esas actividades, realizan otra u otras que constituyan una distinta fuente de ingresos, resulta inconcuso que no se ubican en el supuesto de la norma examinada.

Contradicción de tesis 129/2013.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán.- 29 de mayo de 2013.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretaria: Amalia Tecona Silva.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio del dos mil trece.

Se debe tener mucho cuidado al respecto, pues la aplicación rigurosa del criterio transcrito podría afectar a algunos patrones que obtengan otros ingresos extraordinarios provenientes de actividades distintas auqnue dentro del mismo modelo, que jurídicamente no constituyen parte de su objeto social o actividades ordinarias, pero pueden presentarse, como podría ser la enajenación de activos fijos, con lo cual deja en un estado de incertidumbre jurídica al respecto en una iinterpretación extricta del alcance de la jusriprudencia.

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