La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a partir del día de hoy, 1 de Julio, tendrá facultades para el cobro de multas, esto es, podrán instaurar sus procedimientos administrativos ejecución (PAE) que implica que cuando una persona moral o física no quiera pagar la multa que se le imponga, se procederá a embargar bienes e inmuebles para obtener el pago. Lo anterior derivado de la reforma del 11 de enero de 2018 de la “Ley Federal de Protección al Consumidor” de forma que las multas que levante serían a partir de éste día créditos fiscales, por lo que estarán sujetas al PAE contenido y regulado por el artículo 145 y subsecuentes del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Antes se tenían convenios con los la Federación  y gobiernos estatales, quienes como facultadas como ejecutoras cobraban las multas, mediante los convenios de colaboración administrativa, bien era con el Servicio de Administración Tributaria y con las Secretarías de Hacienda Pública de las Entidades Federativas. Ahora, con las reformas mencionadas la Profeco tendrá el carácter de autoridad fiscal de acuerdo con la adición de la fracción XXVI de su artículo 24 que señala: “Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación, para el cobro de las multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, y…”. Además, de texto de su diverso numeral 134 BIS nos establece como ceñirá su actuar en el ejercicio de esta facultad de ejecución, donde se señala:

“Las multas que imponga la Procuraduría serán consideradas créditos fiscales y se ejecutarán por ésta en su carácter de autoridad fiscal bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

La Procuraduría deberá implementar mecanismos para el pago de multas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Cuando el infractor pague las multas impuestas dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, se aplicará una reducción de un cincuenta por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa.”

Su artículo cuarto transitorio, estableció un vacatio legis para que entrará en vigor a los 180 días siguientes al de su publicación.

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